En la mañana de hoy, la Junta Electoral rechazaría el pedido de que se anulen las elecciones del domingo, por supuesto fraude. El planteo fue efectuado por los apoderados de los candidatos a gobernador de los frentes Unión por Tucumán, Esteban Jerez, y Anticorrupción, Osvaldo Cirnigliaro. El escrito también fue rubricado por el abogado de Fuerza Republicana (FR), Javier Morof, aunque el postulante de ese partido, Ricardo Bussi, insiste en que la mayoría de los tucumanos decidió venderle el votos al oficialista José Alperovich (Frente Fundacional), pero no hubo fraude. Anoche, en la sede de la Junta (avenida Sarmiento y Laprida) sólo faltaba que el legislador peronista Juan Antonio Ruiz Olivares firme la resolución en la que trabajó junto a los otros dos integrantes del órgano, Antonio Gandur y Luis de Mitri, presidente de la Corte Suprema de Justicia y ministro fiscal, respectivamente.
Ayer, durante todo el día, los miembros de la Junta dispusieron medidas para llegar a una conclusión sobre el escrito de la oposición. Por ejemplo, le pidieron un informe a la veedora María Cecilia Suárez. Esta había sido mencionada en uno de los dos escritos que el mismo día de las elecciones presentó el apoderado de Cirnigliaro, José María Posee. Este, en esa presentación, sostenía que por ella se enteró de la suspensión de una escuela en Guardamonte (Leales) por haberse detectado que los votos testigo y los mazos de la boleta del Frente Anticorrupción no llegaron junto con las urnas.
Al ser requerida por la Junta, la veedora habría dicho que se encontraba toda la documentación. Y lo mismo habrían contestado el Correo Argentino, empresa a la que se requirió sobre la entrega del material necesario para el desarrollo de los comicios. En la resolución, la Junta también citaría los informes de los otros veedores y de las comisiones que visitaron las escuelas de Los Ralos, La Cocha, Alberdi y la propia localidad de Guardamonte, tras las denuncias del frente de Cirnigliaro.
Otro revés
También habría sido rechazado la recusación en contra de los tres miembros de la Junta. Estos habrían argumentado que las causales que proceden en contra de los jueces no se aplican mecánicamente al caso de un órgano no jurisdiccional. La oposición podría recurrir a la Justicia.
Gestiones porteñas
Ayer estuvo en Buenos Aires el diputado nacional de FR, Roberto Lix Klett, quien apoya el pedido de intervención federal a la provincia. Sin embargo, sería José Vitar el encargado de buscar los apoyos parlamentarios -y hasta del propio gobierno nacional- para la procedencia del pedido.
Ayer, durante todo el día, los miembros de la Junta dispusieron medidas para llegar a una conclusión sobre el escrito de la oposición. Por ejemplo, le pidieron un informe a la veedora María Cecilia Suárez. Esta había sido mencionada en uno de los dos escritos que el mismo día de las elecciones presentó el apoderado de Cirnigliaro, José María Posee. Este, en esa presentación, sostenía que por ella se enteró de la suspensión de una escuela en Guardamonte (Leales) por haberse detectado que los votos testigo y los mazos de la boleta del Frente Anticorrupción no llegaron junto con las urnas.
Al ser requerida por la Junta, la veedora habría dicho que se encontraba toda la documentación. Y lo mismo habrían contestado el Correo Argentino, empresa a la que se requirió sobre la entrega del material necesario para el desarrollo de los comicios. En la resolución, la Junta también citaría los informes de los otros veedores y de las comisiones que visitaron las escuelas de Los Ralos, La Cocha, Alberdi y la propia localidad de Guardamonte, tras las denuncias del frente de Cirnigliaro.
Otro revés
También habría sido rechazado la recusación en contra de los tres miembros de la Junta. Estos habrían argumentado que las causales que proceden en contra de los jueces no se aplican mecánicamente al caso de un órgano no jurisdiccional. La oposición podría recurrir a la Justicia.
Gestiones porteñas
Ayer estuvo en Buenos Aires el diputado nacional de FR, Roberto Lix Klett, quien apoya el pedido de intervención federal a la provincia. Sin embargo, sería José Vitar el encargado de buscar los apoyos parlamentarios -y hasta del propio gobierno nacional- para la procedencia del pedido.







