La autoridad como valor moral

Bajo condiciones muy precisas, el Gobierno nacional está elaborando una orientación o manual para las instituciones federales de seguridad -Policía, Gendarmería y Prefectura- que deben controlar las protestas y las manifestaciones sociales. Se trata de una formulación indispensable y largamente esperada para responder a situaciones generadas por la crisis, incluida la de autoridad, donde las demandas de los más afectados expresan lo que nuestra clase política no ha sido capaz de satisfacer. Fenómenos atípicos ante una realidad inédita, esas protestas con raíces justas suelen perturbar derechos no menos legítimos, como el de la libertad de circular, provocando inclusive situaciones de riesgo a terceros amparados inexcusablemente por la Constitución nacional. De acuerdo con la información conocida, los efectivos a cargo de la contención de esos hechos, tan sólo podrán utilizar armas de fuego cuando se trate de casos de legítima defensa, ante una agresión con similar armamento. Esa guía está inspirada en el principio esencial de no criminalizar la protesta social, y se invitará a las autoridades provinciales a compartir sus criterios.
Dicha normativa recogerá opiniones de organismos defensores de los derechos humanos; y las dependencias que tendrán a cargo su ejecución aportarán sus experiencias. Otra de las condiciones para el control de esos hechos irregulares es la identificación de los uniformados que actúen en ellos. Por lo demás, se establecen instancias en el desarrollo de esa intervención, que van desde la conciliación, inclusive mediante terceros, hasta la intimación y, finalmente, ante el fracaso de esas etapas, a la dispersión de los manifestantes mediante la fuerza. El secretario de Seguridad de la Nación, Norberto Quantín, expresó a propósito de ese inédito pero necesario manual, que es necesario dotar a los efectivos actuantes de reglas claras para situaciones de tal naturaleza, que despejen las dudas sobre sus márgenes de actuación.
La particularidad más notoria de esos hechos, como se ha dicho, es la de expresar demandas justas de solución a problemas como el de la subsistencia digna, agravados por la circunstancia de que nuestro país disponga de una riqueza potencial universalmente reconocida. Los grandes partidos políticos que se sucedieron en los diversos gobiernos a partir de la restauración constitucional son los responsables primarios de esa realidad. En primer término, por no haber comprendido responsablemente la necesidad de sus renovaciones y, a la vez, del régimen representativo, cayendo en la censurable ingenuidad de culparse a sí mismos por la perduración de los errores. Tan reprobable maniqueísmo provocó entre la sociedad una desconfianza creciente en sus representantes y, a la postre, la crisis de autoridad que se manifiesta en los temores de los poderes públicos a corregir los desbordes de la violencia provocados por el ejercicio abusivo de la protesta. La autoridad, se entiende, como una condición moral sin la que la investidura institucional carece de eficacia.
No cabe duda que instruir a las fuerzas de seguridad sobre la contención de esas situaciones, donde se las ha visto repetidamente sin reacción o excedidas en ella, es un paso muy constructivo y necesario en lo inmediato. Mas debe advertirse que esa instrumentación no habrá de resolver por sí misma la persistencia de las reacciones sociales contestatarias, donde cada vez más se advierten presencias con otros fines políticos y cuyos líderes practican la antidemocrática tesis del pensamiento único. Es por ello que la recuperación del principio de autoridad, como valor conferido por la sociedad libre a sus representantes, aparece como condición primaria, junto a la demorada promesa y ejecución de una profunda reforma política que ha desaparecido nuevamente de las agendas oficiales.