Más de lo mismo

Roberto Delgado
Por Roberto Delgado 05 Julio 2011
Pasó bastante desapercibido el hecho de que dos días después de que fue lanzado el programa de Protección Ciudadana en la comisaría 5a (el miércoles pasado) en esa misma zona fue asaltado y baleado el dueño de un drugstore en Villa Urquiza (el dramático caso del viernes, relatado por la abuelita "Pocha"). Acaso porque no hubo denuncias de vecinos en cuanto a que esa zona fuera constante blanco de ataques, acaso porque es cierto que en nuestro país no cabe la ilusión de que se logre una tasa cero de delitos. Pero esta circunstancia paradojal debería al menos hacer reflexionar acerca de lo que las autoridades plantean como la continuidad del programa de seguridad y la redistribución del personal que estaba trabajando en el Comando Radioeléctrico, la Patrulla Urbana y la Patrulla Motorizada: todos los hombres pasarán a depender de las comisarías para que se patrulle cada calle de cada barrio.

Básicamente, el anuncio consistió en que se envían para tareas de calle los hombres que están en las tres secciones policiales mencionadas. Cada comisaría de la capital tendrá 44 policías más y se les exigirá a los comisarios que armen un plan zonal de seguridad y que se dé respuestas a la gente, no que contesten que no tienen móviles. Con esto se desarman prácticamente las tres áreas mencionadas, que se ocupaban del contacto con la comunidad desde el comienzo de este gobierno. Casualmente en 2003 se les dio el perfil que tuvieron hasta ahora. Ese año se desarmó la sección Control Urbano con el objetivo de redistribuir el personal en las seccionales de la Capital. Se envió 40 hombres a cada comisaría para hacer "patrullajes más intensivos" y "para darle a la sociedad las respuestas que está reclamando" (lo dijo el 18/06/03 el entonces jefe policial, Roberto Vallejo). Al mismo tiempo, el entonces ministro de Gobierno, Manuel Pedernera, anunciaba que se enviaba a la Legislatura un proyecto para una nueva Ley de Contravenciones. La misma Ley ahora cuestionada por inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación; norma sin la cual los policías afirman que no pueden trabajar.

Cabría preguntarse bien qué falló y por qué hubo falencias en el programa que se lanzó -con las mismas palabras- hace ocho años. Lo que se ve a simple vista es que las tres secciones ahora desarmadas son las que encabezaron de algún modo la protesta policial hace dos meses, la cual tiró al piso el prestigio no sólo de los jefes policiales (que debieron pasar a retiro) sino el de las autoridades civiles de seguridad ciudadana, que no renunciaron pero quedaron tambaleando.

Pero las fallas van más allá de la circunstancia de los funcionarios. ¿Por qué no había móviles en la comisaría de Lules, como relató el comisario Víctor Sánchez al lanzar el nuevo programa el miércoles pasado? ¿Por qué no funcionaron hasta ahora los celulares generosamente repartidos en todas las seccionales y en la Patrulla Motorizada para que llamen los ciudadanos? (ahora vuelven a dar números de celular, inisistiendo con el mismo método, en lugar de fortalecer el 101 o crear un 911 para responder a denuncias).

La similitud entre los problemas y los objetivos en 2003 y 2011 asusta, porque revela que se vuelve a buscar del mismo modo soluciones que, evidentemente, no se dieron después de que se desarmó la Patrulla Urbana (que llegó a tener 1.100 hombres, la misma cantidad que se redistribuye hoy) para fortalecer la ahora venida a menos Patrulla Motorizada, que fue llamada la sección más exitosa en la historia de la Policía por el ex jefe Hugo Sánchez. Quizá no esté mal que se lancen nuevos programas. Pero convendría saber por qué y para qué se los lanza, y cómo se los hará funcionar eficazmente, para que no sean una forzada coontramarcha hacia el punto de partida.

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