Los fantasmas del futuro

Los funcionarios sólo conjugan los verbos en futuro. Para ellos, la elección del 28 de agosto próximo es sólo un trámite, otro plebiscito para la gestión del gobernador José Alperovich. Ni las encuestas propias, ni algunas ajenas a las que tuvieron acceso en la Casa de Gobierno dan cuenta de una mejora sustancial de los opositores en la lucha preelectoral. "No hay rivales", se entusiasma un miembro del gabinete. "Los problemas están puertas adentro", señala otro frente a un mapa de candidatos, acoplados y oficiales, que ayer, hoy, mañana y, tal vez, siempre dirimirán los espacios territoriales donde se asienta su peso político.

Si se observa la evolución de las finanzas públicas (o, en términos políticos, cómo está la billetera alperovichista), el pasado le ha dedicado una sonrisa. El gasto público no ha crecido más allá de entre un 26% a un 30%, en la comparación interanual. Así pueden cerrar las cuentas del primer semestre. Públicamente, los funcionarios pueden decir que el semestre ha transcurrido en el terreno del equilibrio financiero, con un incremento de los ingresos fiscales en torno de un 30%. El Gobierno apuesta al empate, pero todos saben que el resultado ha sido otro frente a la cataratas de millones que ha dejado al Estado la moratoria provincial, la coparticipación de las retenciones que se aplican a la soja y, en suma, la misma coparticipación federal de impuestos. El superávit de Tucumán (no hay lugar para un resultado negativo en un año de perdón fiscal) puede ser mucho mayor que los $ 6 millones o $ 7 millones que declarará el Poder Ejecutivo, en caso de que, algún día, se decida actualizar los datos de la ejecución presupuestaria. El presente le sonríe al oficialismo.

El futuro va asomando con algunos nubarrones. En el plano político, las peleas internas continúan y, después del 28 de agosto, habrá un ejército de heridos en el campamento alperovichista. Muchos pedirán pista para la gestión que se viene, pero habrá lugar para pocos. El llano es como el purgatorio para aquellos dirigentes que -desde la concepción alperovichista- deben purgar por sus pecados del pasado. Y, si pasan la prueba, tal vez se mantengan en el calor del poder.

La anualización de los incrementos salariales en el sector público es otro fenómeno que tendrá su impacto en el final del ejercicio presupuestario. Más allá de los aumentos otorgados, el dramatismo que le quiere imprimir el Ejecutivo a esta cuestión se desdibuja frente a la perfomance de la recaudación fiscal. En este tipo de cuestiones, cuando el dinero falta, ¿adivinen quiénes soportarán sobre sus espaldas el mayor peso del gasto público?

No hay mejor estrategia que, ante posibles problemas, hacer gestiones para evitarlos. Esa es la filosofía que adoptó el Ejecutivo respecto de una cuestión de vieja data que aún no fue desactivada: la diferencia de casi cuatro puntos porcentuales entre lo que el Estado aporta por sus empleados (un 11,7%) de lo que la AFIP reclama (16%). La diferencia se dirime ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, más allá de que hay cierta cobertura a través del Plan de Desendeudamiento impulsado en 2010 por la presidenta Cristina Fernández, hay un planteo que puede significarle a la Provincia una impensada deuda de no menos de $ 100 millones, si el fallo le es adverso. Ni hablar de los U$S 100 millones o U$S 400 millones, según el prisma con que se lo mire, que puede llegar a pagar Tucumán si el Ciadi le da la razón otra vez a Vivendi, la ex concesionaria de Aguas del Aconquija. Esas obligaciones pueden convertirse en las hipotecas del futuro de los tucumanos que, en definitiva, son los que se asustan (y tributan más y más) con los fantasmas financieros que fueron dejando las gestiones que se sucedieron a lo largo de las últimas dos décadas.