Cartas de lectores

Quiero compartir las opiniones de Federico Türpe en su nota publicada el pasado 20 ("La marihuana en una sociedad hipócrita"), tema que merece ser tratado con madurez y seriedad. La hipocresía es el acto de fingir y ostentar creencias, opiniones o cualidades que se exigen de los demás pero que uno no sigue; alude a falta de sinceridad y autenticidad. En este caso concreto, la hipocresía consiste en no dimensionar que el problema de las adicciones es algo que nos atañe a todos como sociedad y que no nos es ajeno. Hipócrita es el "educador" que, en lugar de dialogar con el alumno y con sus padres, buscarle apoyo terapéutico, instalar la discusión en la institución, lo echa y lo trata como a un criminal, olvidando que es un adolescente con problemas. ¿Actitudes como esta no reeditan acaso los tiempos en que se marginaba a los leprosos o se escondía a los enfermos mentales? Si la adicción es señal de enfermedad, el castigo y la exclusión no son soluciones adecuadas, sino que condenan a sufrir peores consecuencias bajo la ley del "sálvese quien pueda". Echar o encerrar a alguien que necesita ayuda no elimina el problema, sino que lo aumenta. La existencia de droga en la escuela o en la calle es un problema social, producto de una sociedad violenta, basada en la exclusión, el consumismo, el individualismo exacerbado que no le ofrece al joven posibilidades para que construya un proyecto de vida pleno, sino que agiganta sus carencias más profundas. Educar no es controlar ni vigilar, sino guiar a los estudiantes en la construcción del conocimiento y de su persona y liberar a los seres humanos del peso de las cadenas mentales y de los prejuicios, en lugar de fomentarlos. El "mejoramiento social" no se logra cerrando la puerta a una realidad cruda y dolorosa para que no nos contamine, sino haciéndonos cargo como educadores de un problema social.

La edición de LA GACETA del 23/06 informa que el Inadi intervino, por medio de su titular Teresa Ivankow, para que se sancione a la directora del establecimiento educativo donde se descubrió a un alumno que llevaba 16 gramos de marihuana. Esto fue advertido por la capacidad de observación de la docente, que es responsable no sólo de un alumno sino de todos los alumnos de esa institución. La marihuana no está legalizada y además es nociva y crea adicción. No se puede comparar el hecho de una alumna embarazada, que involucra a una sola persona, con este caso en donde corre riesgo toda una comunidad. Creo que el bien común es mayor que el bien individual, como por ejemplo, cuando se trata de una expropiación. No dudo de que al jovencito hay que rescatarlo, y para eso cuenta con recursos de orden institucional y privado. También para los padres existen instituciones donde pueden acudir en busca de ayuda. No creo que deba sancionarse a una persona que da garantías a la familia cuando se trata de contener a sus hijos estudiantes.

Día a día en los hospitales públicos sus actores libran batallas con victorias pírricas. Saturados de frustración, tienen plena conciencia de rehabilitar a ciudadanos que vuelven a un medio social adverso. Como ex combatientes, transitan por las calles hartos jóvenes con diferentes discapacidades por accidentes con motos, conduciéndolas nuevamente. Y se ven niños mendigando en los semáforos, bajo los ojos hipócritas de un adulto explotador, el mismo que lo llevará al hospital por neumonía y desnutrición. Y otros jóvenes intoxicados por drogas y violencia en guardias abarrotadas. Y linyeras alcohólicos. Son muestras de los tantos humildes que asistimos en los hospitales públicos. ¿Cómo entender a gobernantes sancionando o descontando magros sueldos a dichos actores, mientras desamparan vastos territorios sociales donde se gesta el daño? ¿El conflicto de la salud comenzaría a solucionarse si los funcionarios buscaran asistencia médica en los hospitales? Les depararía un doble beneficio: sabrán si lo que reclaman es justo y, tendrán la gracia divina de mezclarse con los más humildes. ¿Serán dignos de ellos?

El 28 de junio de 1966 era derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia, a través de un golpe militar que llevaría al poder al general Onganía, tristemente recordado por cerrar 11 de los 27 ingenios tucumanos. Eso produjo el éxodo de más de 240.000 comprovincianos. Cabe destacar los logros de su gestión: -El PBI pasó de -2,4% en 1963 al 10,3% en el 64 y a 9,1% en el 65. -El producto bruto industrial pasó del -4,1%  en el 63 al 18,9% en el 64. -La deuda externa disminuyó de 3.400 a 2.600 millones de dólares. -El salario real horario creció entre el 63 y el 64 un 9,6%. -La desocupación pasó de 8,8% a 5,2%. -La educación tuvo un peso significativo en el Presupuesto: en 1963 su participación era del 12%, y un año después del 17%. -Impulsó la ley del salario mínimo para evitar la explotación y mejorar los ingresos de los más pobres. -Promulgó la ley de medicamentos (ley Oñativia). Estos datos revelan que la presidencia de Illia fue una de las más progresistas que recuerde la historia política argentina.