Se complica la investigación de delitos por falta de fiscales

Los ascensos de fiscales a otros puestos, la renuncia de Esteban Jerez y la muerte de Joaquina Vermal pusieron en peligro el funcionamiento del primer eslabón de la administración de Justicia en materia penal.
De las diez fiscalías de Instrucción del Centro Judicial capital, tres están acéfalas, una más lo estará esta semana, y otra sólo se dedica a investigar supuestos casos de corrupción estatal. En los juzgados de Instrucción sucede algo similar, ya que de los cinco que existen dos están sin juez.
Al margen de las eventualidades y de las casualidades que hicieron que se produjera esta acefalía generalizada, recrudeció el debate sobre los mecanismos de elección de los magistrados, debido a la aparente falta de claridad y a la lentitud con que se producen las designaciones.

Desbordados
"El sistema ya estaba colapsado, pero hoy es imposible cumplir con los requerimientos de las víctimas y de los acusados, que hay que atender siempre". El categórico análisis pertenece al fiscal de Instrucción VII, Gustavo Estofán, quien está a cargo también de la Fiscalía V, que quedó vacante hace ocho meses, cuando Daniel Marranzino fue promovido a fiscal de Cámara.
El Poder Ejecutivo ya le envió a la Legislatura el nombre de Alejandro Noguera para ocupar el cargo, pero se comenta que serían los próximos parlamentarios quienes definirán la situación, o que al menos se demoraría hasta el final del mandato de los que hoy están. Hace dos meses renunció a su cargo Esteban Jerez para incursionar en la arena política, pero hasta el momento no hubo avances en el llamado para escoger a su reemplazante.
Tras la salida de Jerez del ámbito judicial, el fiscal I, Pedro Gallo, pasó a ser "anticorrupción" exclusivamente. Las causas penales que él tenía fueron derivadas a otras fiscalías.

Otros casos
El 9 de junio falleció Joaquina Vermal, y la Fiscalía VIII quedó sin titular. Aún no se hizo el llamado a concurso para ocupar el cargo. Esta semana, si el Poder Ejecutivo firma el decreto correspondiente, Horacio Villalba, fiscal X, pasará a ser vocal de la Sala Penal IV.
La Asociación de Magistrados, el Centro de Funcionarios Judiciales, el Colegio de Abogados y la Corte Suprema solicitaron, ante cada vacante, que se cubran los cargos. Pero el mecanismo, además de ser lento, parece tener demasiadas fisuras.
"Es realmente preocupante la situación", admitió Augusto Avila, presidente de la Asociación de Magistrados, quien consideró que la administración de justicia "se ve muy resentida, porque de por sí la situación es complicada, hay muchas causas, y esto dificulta todo mucho más".

Quieren un sistema más ágil de selección
Al producirse una vacante en el Poder Judicial, la Corte Suprema le solicita al Poder Ejecutivo que haga el llamado para ocupar el cargo. Allí empieza a funcionar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que está compuesto por representantes de la Corte, del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la UNT.
Cada uno de estos estamentos presenta una terna en base a los nombres que se presentaron en la compulsa. Luego, cuando estas están definidas, los representantes "negocian" hasta llegar a componer una sola terna, que es elevada al Poder Ejecutivo. Es sólo a modo de sugerencia, ya que la opinión del CAM no es vinculante.
El Gobierno escoge uno de los nombres, y le envía a la Legislatura el proyecto de resolución. De aprobarse, el Ejecutivo debe hacer el nombramiento por decreto y, tras jurar ante la Corte, el elegido asume en el cargo.
Sólo el Colegio de Abogados hace una serie de entrevistas con todos los interesados, para conocer la capacidad del postulante.

Otro sistema
El Centro de Funcionarios Judiciales, según su secretario, Roque Medina, viene reclamando que se transparente el sistema de elección, ya que modificarlo de raíz parece ser demasiado complicado (hay que reformar la ley). Una de sus propuestas es que todos los estamentos que participan del CAM convoquen a los postulantes y hagan una entrevista en busca del más idóneo para el cargo.

La litigiosidad aumentó un 300%
Hace dos años, miembros del Poder Judicial y del Ejecutivo coincidieron en que sería necesario lleva a 14 el número de fiscalías penales en los Tribunales de la capital, en virtud del acuciante incremento de los índices delictivos en la provincia. Se calcula que la litigiosidad aumentó un 300 % en los últimos años.
Luego, ante la imposibilidad presupuestaria, se pensó en crear la figura del ayudante fiscal, pero hasta ahora es un proyecto que casi no tiene impulso.
El ayudante fiscal (sería un empleado judicial lego por cada fiscalía) sería el encargado de hacer personalmente el seguimiento de las causas en la etapa de investigación policial, y el responsable de organizar los sumarios. Ello facilitaría la tarea del fiscal, y posibilitaría, además de una mayor celeridad en los trámites, un mejor control de las actuaciones.
"Para nosotros sería fundamental su instrumentación porque, además de mejorar el funcionamiento judicial, se corresponde con la nueva política nacional de descentralización de la administración de justicia", dijo Augusto Avila, presidente de la Asociación de Magistrados.
Estos cambios también fueron impulsados por el actual ministro de Gobierno, Manuel Pedernera, que en febrero abandonó su puesto como juez correccional Nº 2. A partir de que ese juzgado quedó acéfalo, el otro juez correccional, Marcelo Mendilaharzu debe subrogarlo. La Legislatura recibiría esta semana el proyecto de modificación del Código Procesal.