Llegó la hora de la verdad. El político y el ciudadano forman parte de una ecuación que se reactualiza cada cuatro años. Y la democracia se revitaliza con esa periodicidad.
El imperio de la Constitución de 1990 hace que se vayan todos de las funciones para las que fueron electos en 1999, pero muchos intentarán hoy su reciclaje en otros puestos rentados por el Estado.
La vuelta al llano es vivida por esos políticos como una condena a la pobreza y no como una consecuencia de las reglas institucionales, consecuencia que debe asumirse sin llanto.
La prohibición de la reelección inmediata de gobernantes y de legisladores causó ese desbande controlado de dirigentes, pero la supresión de la cláusula para el futuro está atada a la resolución del proceso reformista de la Carta Magna -aún a mitad de camino-.
El llamado a elección de convencionales constituyentes es un resorte que accionará el oficialismo según su conveniencia.
Luces y sombras
Los comicios de Tucumán coinciden con la segunda vuelta en Tierra del Fuego. El presidente Néstor Kirchner no viajó a esos escenarios para inmiscuirse personalmente en operaciones de apoyo a los candidatos oficialistas, pero de todas formas, con manejos indirectos, no los desamparó.
A la Casa Rosada no le serán indiferentes los resultados en esta etapa de acumulación de poder político.
Por múltiples razones, la elección de Tucumán está en el centro de la escena nacional.
A la mala imagen que proyectaron los 21 muertos por desnutrición en el mundo y a las diversas denuncias sobre presuntos hechos de corrupción se sumó la escandalosa proliferación de 1.800 sublemas, que es el producto de la ausencia de una reforma política drástica. La cuestión social, empero, se aquietó con el pago de los sueldos en término y con la salida ordenada de los bonos del mercado.
El encuadre institucional de los comicios se basó en fallos judiciales, desde la constitucionalidad de la Ley de Lemas hasta el rechazo de la habilitación del ballottage, pasando por la inconstitucionalidad de una odiosa limitación al derecho a la participación política por razones religiosas. Lo que no se quiso definir por las vías políticas se trató de solucionar por la mediación de la Justicia.
La judicialización de la política, en definitiva, es la confesión de la impotencia de cambiar cosas con los remedios normales -leyes-.
El ciudadano, al cabo de este proceso, se encontrará con una multiplicidad de boletas, con candidatos de distinto rango. La oferta oficialista -José Alperovich y Fernando Juri- competirá con una oposición dispersa en distintos polos.
Esteban Jerez (Frente Unión por Tucumán), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Osvaldo Cirnigliaro (Frente Anticorrupción), con estrategias diferentes, intentarán arrebatarle el gobierno al oficialismo.
De todos ellos, Jerez es el debutante que amenaza con desacomodar el esquema político. Y Antonio Bussi descendió de categoría, y regresó a la liza en busca de la intendencia de esta ciudad.
El proceso político que concluye hoy está lleno de luces y de sombras. La voluntad del elector está condicionada, en muchos casos, por su dependencia de los planes sociales y de los bolsones de mercadería. El desafío democrático radica en romper esa ligazón. Así el votante podrá renovarle el crédito al oficialismo, a través del binomio Alperovich-Juri, o retirarle la confianza escogiendo alguna de las vertientes opositoras.
La disyuntiva es entre el cambio o el continuismo en la cima del poder político en la provincia. Sin embargo, el gobernador Julio Miranda desapareció de los primeros planos de la campaña para aliviar la presión sobre el candidato del Frente Fundacional. La oposición, empero, disparó sobre ambos. En rigor, la fórmula oficialista se impuso en el peronismo por la voluntad de Miranda.
Las otras caras
El rostro oculto de la elección es el corte del voto. La libertad para separar la boleta en una combinación que mezcla candidatos y ubicaciones partidarias diferentes traduce varias cosas.
Está, por una parte, la dilución de los partidos, que es obra del debilitamiento de las divergencias ideológicas de décadas pasadas. Y, por otra parte, la acción de los candidatos de sublemas, que con tal de reclutar voluntades no se ruborizan si tienen que sacrificar a los candidatos a gobernador de los lemas. Eso origina un factor de incertidumbre en los cálculos previos del resultado de hoy.
El fiasco de los sondeos en boca de urna en las elecciones del 6 de junio de 1999 -daban ganador a Bussi (h) y perdedor a Miranda- constituyó un hito. Durante la madrugada del 7 de junio se dio un resultado opuesto: Miranda vencedor, Bussi derrotado.
Y lo que pasó entonces fue motivo de una polémica que aún permanece abierta en la política comarcana. La anticipación de cifras basadas en muestras probabilísticas y no en el escrutinio oficial puede generar situaciones conflictivas.
En el orden federal se prohibió su difusión y la Junta Electoral Provincial prometió que eso se respetará en Tucumán a lo largo de la jornada.
La transparencia
La clave de la transparencia de los comicios estará en el conteo de votos en las mesas tras la conclusión del acto electoral. Al reducirse el número de fiscales de escrutinio a dos sublemas por cada alianza se activan las rivalidades dentro de los lemas.
Existen temores de que salgan perjudicados los sublemas que están en mala relación o que cayeron en desagracia con las conducciones de los lemas. Por otra parte, hay quienes no ocultan su aprensión por la posibilidad de compra de fiscales de escrutinio por parte de los aparatos políticos más poderosos.
Esos actores ven como un dato negativo la decisión de no que no se peguen fotocopias de las actas de escrutinio en las paredes de las escuelas, que le daría mayor transparencia.
Antonio Gandur está bajo los focos de todo el mundo. El presidente de la Junta Electoral vivirá jornadas muy complicadas.
