¿Es posible domesticar la noche, ese territorio donde los instintos se encienden? Y si se la pudiera domesticar, ¿quién debería ser el domador? La autoridad no lo tiene muy claro: por ello acaban de confesar que cada fin de semana hay sólo 400 policías para brindar seguridad a casi 140.000 jóvenes que salen a divertirse en la noche del Gran San Miguel.
¿Sólo 400 policías? La información asusta, pero más inquieta conocer que hay toda una estructura de trabajo, con muchas más personas, creada alrededor de la noche tucumana y de su seguridad, que se asienta en una mesa en la que hay poca afición a las formalidades y a los controles.
En la provincia hay unos 70 boliches, según Rodolfo di Pinto, presidente de la Cámara de Discotecas, pero a esa cifra hay que agregar las bailantas que, sobre todo en la zona Este, atraen como imán a miles de jóvenes. ¿Cuántas personas trabajan en vigilancia? No son empleados de las agencias de seguridad privada, de lo que se desprende que o son policías que hacen servicio adicional (¿unos 1.000 agentes?) o son sujetos fornidos contratados por los dueños de las discotecas para dar seguridad en el baile y en los accesos: al menos unos 140 empleados. También, según se desprende de las quejas de los jóvenes, están contratados para determinar la conveniencia o no de que ciertos individuos permanezcan en el lugar. Se dirá que es para prevenir disturbios, pero también se ha denunciado que se trata de discriminación y rechazo de personas por su cara, su vestimenta o su aspecto.
Esta falta de controles contribuye a las incertidumbres de una sociedad que se inquieta cuando sus jóvenes salen a bailar y no sabe si van a ser protegidos por los custodios de situaciones violentas ni si van a ser agredidos por los mismos patovicas.
La noche tucumana está llena de incidentes vinculados a boliches; desde el ataque a Alvaro Pérez Acosta, patoteado por los hermanos Jensen a la salida de una disco en 1996 (nunca se recuperó) y la muerte de Lucas Fernández, baleado luego de un incidente en un boliche de Yerba Buena en 1996, hasta los dos casos de hace dos semanas: la golpiza y violación a una joven de 23 años luego de que fuera acosada por su ex novio en un local de Barrio Sur (el agresor está prófugo) y el salvaje asesinato de Cecilia Britos en La Cocha, después de que fue acosada en la disco "Bongó". Los custodios no hicieron nada, o hicieron muy poco, para evitar los dramas de ambas chicas.
Dirán que estos ataques no son culpa de los patovicas. Quizá no; pero todo forma parte de un esquema de actividades nocturnas entrelazadas: diversión, alcohol, comportamiento, (in) seguridad. Excepto el caso de Paulina Lebbos (que fue vista por última vez con vida al subir a un taxi en la zona del Abasto, hace cinco años), todas las agresiones mencionadas se iniciaron en el interior de los boliches. Y los patovicas deberían estar obligados a dar aviso a la Policía en casos de violencia, acoso o persecución. Así lo señala la Ley nacional 26.370, que reglamenta la actividad y el comportamiento del personal de vigilancia. Esta norma, sancionada a causa de la muerte, en 2006, del estudiante Martín Castellucci a manos de un patovica en Lanús, no rige en Tucumán. El único antecedente entre nosotros es la ordenanza 3.540; pero su autor, Claudio Viña, dice que fue ignorada por la Municipalidad.
Quizá la Provincia adhiera a la ley nacional. Pero habrá quienes se opongan, porque impide que trabajen policías en servicio adicional, obliga a los empresarios a tener empleados en blanco y les impide contratar patovicas al voleo o con antecedentes. Tal vez sea ignorada, como la ordenanza. Pero quizá sea el primer paso para saber si es posible domesticar la noche.
¿Sólo 400 policías? La información asusta, pero más inquieta conocer que hay toda una estructura de trabajo, con muchas más personas, creada alrededor de la noche tucumana y de su seguridad, que se asienta en una mesa en la que hay poca afición a las formalidades y a los controles.
En la provincia hay unos 70 boliches, según Rodolfo di Pinto, presidente de la Cámara de Discotecas, pero a esa cifra hay que agregar las bailantas que, sobre todo en la zona Este, atraen como imán a miles de jóvenes. ¿Cuántas personas trabajan en vigilancia? No son empleados de las agencias de seguridad privada, de lo que se desprende que o son policías que hacen servicio adicional (¿unos 1.000 agentes?) o son sujetos fornidos contratados por los dueños de las discotecas para dar seguridad en el baile y en los accesos: al menos unos 140 empleados. También, según se desprende de las quejas de los jóvenes, están contratados para determinar la conveniencia o no de que ciertos individuos permanezcan en el lugar. Se dirá que es para prevenir disturbios, pero también se ha denunciado que se trata de discriminación y rechazo de personas por su cara, su vestimenta o su aspecto.
Esta falta de controles contribuye a las incertidumbres de una sociedad que se inquieta cuando sus jóvenes salen a bailar y no sabe si van a ser protegidos por los custodios de situaciones violentas ni si van a ser agredidos por los mismos patovicas.
La noche tucumana está llena de incidentes vinculados a boliches; desde el ataque a Alvaro Pérez Acosta, patoteado por los hermanos Jensen a la salida de una disco en 1996 (nunca se recuperó) y la muerte de Lucas Fernández, baleado luego de un incidente en un boliche de Yerba Buena en 1996, hasta los dos casos de hace dos semanas: la golpiza y violación a una joven de 23 años luego de que fuera acosada por su ex novio en un local de Barrio Sur (el agresor está prófugo) y el salvaje asesinato de Cecilia Britos en La Cocha, después de que fue acosada en la disco "Bongó". Los custodios no hicieron nada, o hicieron muy poco, para evitar los dramas de ambas chicas.
Dirán que estos ataques no son culpa de los patovicas. Quizá no; pero todo forma parte de un esquema de actividades nocturnas entrelazadas: diversión, alcohol, comportamiento, (in) seguridad. Excepto el caso de Paulina Lebbos (que fue vista por última vez con vida al subir a un taxi en la zona del Abasto, hace cinco años), todas las agresiones mencionadas se iniciaron en el interior de los boliches. Y los patovicas deberían estar obligados a dar aviso a la Policía en casos de violencia, acoso o persecución. Así lo señala la Ley nacional 26.370, que reglamenta la actividad y el comportamiento del personal de vigilancia. Esta norma, sancionada a causa de la muerte, en 2006, del estudiante Martín Castellucci a manos de un patovica en Lanús, no rige en Tucumán. El único antecedente entre nosotros es la ordenanza 3.540; pero su autor, Claudio Viña, dice que fue ignorada por la Municipalidad.
Quizá la Provincia adhiera a la ley nacional. Pero habrá quienes se opongan, porque impide que trabajen policías en servicio adicional, obliga a los empresarios a tener empleados en blanco y les impide contratar patovicas al voleo o con antecedentes. Tal vez sea ignorada, como la ordenanza. Pero quizá sea el primer paso para saber si es posible domesticar la noche.







