Garzón atacó a un juez por un fallo en contra del Estado

El fiscal de Estado, Benito Carlos Garzón, se indignó tanto cuando la Justicia dispuso embargos contra el erario por la fallida Operatoria FET, que cuestionó severamente y por escrito el fallo firmado por el presidente de la Sala I, Salvador Ruiz.
El funcionario resaltó la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (recientemente ratificado por la Legislatura) que "prohíbe tanto los embargos como las medidas cautelares dictadas en causas judiciales contra los fondos públicos". Aseguró que la norma le impide expresamente a cualquier magistrado el dictado de medidas que afecten el proceso del Programa de Unificación Monetaria que se lleva adelante entre la Nación y la provincia.
Garzón le advirtió al magistrado sobre la posibilidad de que se dicten medidas desconociendo la legislación de emergencia dictada y recordando la unanimidad de la doctrina legal sobre la prohibición de la declaración de inconstitucionalidad de oficio.
El duro tenor del escrito, incorporado al expediente judicial, se confirmó también con el párrafo donde el fiscal de Estado le indica a Ruiz que el dictado de otra resolución similar sobre el erario, "tendría el reproche de ser un manifiesto desconocimiento de la legalidad vigente, lo cual traería graves consecuencias".
Según Garzón, un nuevo fallo en la materia "importaría un alzamiento contra la ley y sería arremeter contra el derecho positivo, lo que sería un acto judicial grave, inválido y propicio a ser considerado como mal desempeño de la función jurisdiccional". La figura es causal de un pedido de juicio político.
El escrito de Garzón causó un profundo malestar en círculos judiciales. Ruiz notificó oficialmente del texto tanto a la Corte Suprema de Justicia como al Colegio de Abogados de la provincia. También está en conocimiento de miembros de la Asociación de Magistrados.

Planteo de un abogado
Por su parte, el abogado Manuel García Fernández pidió al Colegio profesional que "se pronuncie en defensa de la independencia de los poderes del Estado, ante una actitud evidentemente intimidatoria", por parte de Garzón.
Dijo que el escrito encubre la voluntad del Estado de castigar con enjuiciamiento a los jueces que se nieguen a aplicar leyes y decretos manifiestamente inconstitucionales; y pidió a la entidad que solicite al gobernador Julio Miranda que cesen de inmediato este tipo de actitudes.