La Justicia pidió informes por un plan alimentario

El Tribunal de Cuentas de la Provincia deberá ampliar los informes remitidos al fiscal federal Carlos Brito sobre el funcionamiento del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), mantenido con fondos de la Nación.
Brito tiene en su poder los resultados de una auditoría efectuada por el ente de contralor, pero estos sólo abarcan el primer envío de recursos (hasta junio de 2002). Ahora pidió que le remitan los relevamientos efectuados sobre las cinco cuotas aportadas por la Nación desde el año pasado y hasta marzo, cuando el PEA cambió de sistema.
El Tribunal debería haber practicado auditorías sobre cada remesa, que sumaban $ 2,7 millones por mes. En total, la Nación envió más de $ 12 millones, pero la Provincia había rendido cuentas sólo sobre $ 9 millones hasta marzo pasado.
Cuando tenga los nuevos documentos, Brito los anexará a las más de 1.000 fojas del expediente, y decidirá los próximos pasos en la investigación para determinar si se cometieron los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La pesquisa ya tiene informes de los bancos del Tucumán y Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Provincia y del Tribunal de Cuentas.
El grueso de la tarea estuvo destinado a determinar la ruta del dinero nacional, que era automáticamente canjeado de efectivo a bonos al ingresar al erario provincial. También se quiere establecer si fue irregular la entrega de Luncheon Tickets, por 25 pesos cada uno, a 44.000 beneficiarios por mes, y cuántos realmente los recibieron.
Desde este mes la modalidad de entrega del beneficio del PEA cambió. Ahora la Nación remite cajas cerradas con alimentos, según un listado de beneficiarios aportado por las autoridades tucumanas.