Ominosa sombra del pasado

Las leyes de obediencia debida y de punto final, que pusieron fin al enjuiciamiento de los hechos de represión ilegal, están siendo motivo nuevamente de una polémica donde lo político y lo jurídico se interfieren recíprocamente, perdiéndose de vista la racionalidad de un debate que actualiza lo peor del pasado. Algunos actos y manifestaciones oficiales evidencian la misma interferencia, por lo que es imprescindible objetivar el problema, teniendo en cuenta las razones de esa legislación, solicitada al Congreso -hace más de quince años- por un gobierno de cuya vocación y legitimidad democráticas no puede dudarse. A ese cuestionamiento se agrega el del decreto 1581/01, del ex presidente Fernando de la Rúa, que dispuso el rechazo "in limine" de cualquier pedido judicial de otro país, cuando se trate de personas ya juzgadas en el nuestro o cuyas causas se encuentren cerradas. La reciente extradición por la Justicia mexicana del capitán de navío retirado Miguel Cavallo, para ser juzgado en España -después de haberlo sido en la Argentina, disponiéndose su libertad por falta de mérito-, y el consentimiento de nuestro Gobierno, han sumado un factor ineludible para replantear el problema en la búsqueda de una solución.
No cabe duda de que ese debate sobre la guerra sucia, al replantear tan ominoso período, ya histórico, está convalidando nuevamente ante nuestra opinión pública y la internacional, la imprevisibilidad que afecta a la imagen del país. De acuerdo con ello, la violencia extrema que dividió a la sociedad y la solución que se le dio como desenlace, exigirían una revisión prescindente de los hechos y decisiones adoptados por sucesivos poderes constitucionales. Es decir, cuatro presidentes legítimamente elegidos y los respectivos turnos parlamentarios, amén de los fallos judiciales en la misma dirección, demostrando a la vez cuán dificultoso es en la Argentina establecer políticas de Estado. Y es porque al quinto primer mandatario, Néstor Kirchner, y a parte de sus colaboradores en el Gobierno, ese largo trayecto institucional, avalado por sucesivas mayorías en las urnas, no les parece una solución adecuada. Es así que el nuevo Gobierno ha dejado trascender que aceptará las solicitudes de extradición de militares, aunque sin formalizar hasta el momento un procedimiento concreto para habilitarlas.
La decisión presidencial se halla a la espera del análisis que los ministros de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Defensa, están llevando a cabo desde posiciones donde los dos primeros consideran que el decreto 1581/01 debería ser modificado, privilegiando la ley de extradición, y al tercero le preocupa la situación del ámbito castrense. Situación precedida por los efectos del masivo relevo entre la oficialidad superior, tras la asunción del nuevo Gobierno. En ese análisis, tras las primeras conversaciones, donde el canciller y el titular de Defensa no ocultaron tampoco sus parejos deseos de que se deroguen las leyes de obediencia debida y de punto final, cuya constitucionalidad tiene respaldo en la Corte Suprema, el desenlace no es sencillo. En primer término, porque el canciller ha considerado finalmente que el problema es intrincado y que la moderación es la actitud más adecuada. Por cierto que sí, pues reabrir el frente político más perturbador en numerosas décadas no es una decisión de buen gobierno, mientras la Nación debate urgencias que las encuestas sociales y las urnas priorizan, y de cuya legitimidad y razón no puede dudarse.
La paz de la República, como la entendieron cuatro presidentes, sucesivos turnos parlamentarios y el reconocimiento de sus decisiones por la Justicia, no debe ponerse en juego más allá de lo que significa su preservación.