La familia Cruz pide la condena más alta

"Ya que el juicio abreviado se acuerda entre la defensa y la fiscalía, dejando por fuera a la querella, pedimos a la fiscalía la pena máxima". Edgardo de Fina, cuñado de Liliana Cruz, la contadora descuartizada en 2007, fue el vocero de su familia. En una carta a LA GACETA, entregada por sus abogados, dijo que no tiene dudas de que el homicidio fue cometido con alevosía y premeditación.

La acusada es María del Valle Dip, quien era amiga de la víctima. Según la investigación, ella mató a la contadora, y luego la desmembró para tratar de ocultar el crimen. Debía ser juzgada desde el jueves, pero el debate oral y público se suspendió porque se está tramitando un juicio penal abreviado.

"Como cuñado de la difunta Liliana Cruz, y con la intención de preservar la salud psíquica de mi suegra y de mi esposa (madre y hermana respectivamente de la fallecida), redacto este comunicado como único medio de contacto con la prensa, con la expresa intención de que no se haga más daño a la familia del ya hecho por la autora de tan cruel asesinato", señaló de Fina. Y agregó: "las consecuencias del hecho han impactado profundamente en varios miembros de la familia, quienes han perdido su armonía vital y hasta su salud física en algunos casos, padeciendo de dolores insoportables y, diría, hasta el momento incurables".

El cuñado de la víctima acercó la carta a LA GACETA por medio de los abogados que representan a la querella, Juan Carlos Múkdise y Emilio Mrad. Y deslizó que la situación es dramática. "Me acongoja constatarlo en tíos y primos y en mi propia esposa. Ya nada es como antes. No hay otro tema de conversación", explicó.

"Liliana -añadió-, persona reservada, trabajadora y austera, era el principal sostén económico y emocional de su madre, y sus intereses siempre estaban dirigidos al bienestar de su madre y de sus sobrinos. La Justicia de Tucumán nos ha deparado varias sorpresas, como la probabilidad de una excarcelación de la asesina, no hace mucho tiempo atrás. Ahora, la novedad es el juicio abreviado".

De Fina admitió que deben aceptar esta vía de resolución de procesos, pues está prevista en el Código Procesal Penal de la Provincia. Pero se mostró contrariado porque este sistema aparta a la querella. "Es la ley en Tucumán", indicó.

Con el juicio abreviado, se suspende el debate oral y público. El fiscal de Cámara, el imputado y el defensor se entrevistan para acordar una pena. Para esto, el imputado debe reconocer el delito, y las pruebas que constan en la causa deben coincidir con el hecho reconocido. Luego, el tribunal revisa todo el trámite y le da el visto bueno o lo rechaza. En este último caso, la causa recae en una nueva sala, y la asunción de responsabilidad del imputado no será tomada en su contra.

La investigación
La contadora Cruz fue vista con vida por última vez el 6 de febrero de 2007. Esa mañana, salió de su casa para dirigirse a su trabajo, en el Colegio de Bioquímicos. Nunca regresó.

Su automóvil fue encontrado en el estacionamiento de la Terminal de Ómnibus. En un principio, los investigadores manejaron la hipótesis de que había viajado. Pero su familia descartó esto, pues no había llevado ropa ni dinero.

Dos días después, un llamado alertó a la Policía de un supuesto asalto en una farmacia de avenida Avellaneda y Honduras. Pero los uniformados se dieron con un cuadro mucho más dramático. La contadora había sido descuartizada. El entonces fiscal de Instrucción, Alejandro Noguera, le imputó a Dip el delito de homicidio simple. Desde entonces, la mujer permanece detenida.

La médica debía ser juzgada el jueves por los vocales de la sala IV de la Cámara Penal, Silvia Raquel Castellote; Horacio Lázaro Villalba y Marta Cavallotti (María del Pilar Prieto, integrante original de ese tribunal, se inhibió por ser madre del abogado defensor, Sebastián Herrera Prieto).

Pero el debate no se concretó. La fiscala de Cámara, Marta Jerez de Rivadeneira, está dialogando con el defensor y con la acusada para arribar a un acuerdo. "La próxima semana puede haber novedades", adelantó Herrera Prieto.

Esta situación mantiene en vilo a la familia Cruz. "Esperamos, rogamos, exigimos a la señora fiscal que, de acuerdo a las pruebas y testimonios existentes en la causa, pida la máxima condena", dijo de Fina.