La Policía y los trámites administrativos

Complicación y lentitud excesiva en la realización de estas gestiones, particularmente en las que dependen de la administración de un Estado, es una de las definiciones de burocracia. Esta se ha convertido en sinónimo de ineficiencia, aunque en su primera acepción significa: Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. De ese modo, en muchos lugares, se asigna a personas que deben desempeñar tareas específicas de profesión u oficio, para realizar labores administrativas que perfectamente puede efectuar un empleado público. La Policía provincial es un ejemplo de ello.

En San Miguel de Tucumán, funcionan 14 seccionales que cuentan con 448 policías. Un 10% de este número se dedica a atender al público y a trabajo administrativo. Los ciudadanos van a las comisarías a gestionar ocho certificados: de convivencia, de firma, de residencia, de daños materiales, de extravío, de pobreza, de supervivencia y socioambiental; estos tres últimos son gratuitos, los otros cuestan $7. En las seccionales del centro tucumano se solicitan alrededor de 2.500 constancias mensuales (entre 80 y 120 por día). En muchas de ellas, curiosamente, se realizan hasta cinco y seis veces más constancias y certificados que denuncias formales.

El jefe de la Policía dijo que no hay empleados civiles trabajando en las comisarías, por lo tanto los policías deben ocuparse de estas labores. Dijo que la cuestión no les representa una carga y que el personal ya está capacitado para cumplir esa tarea. Señaló que estos servicios son muy útiles para muchos ciudadanos, que van a la seccional de su barrio para hacer los trámites rápidamente. "Hay ancianos que, por ejemplo, evitan ir a otras oficinas públicas que tienen mucha concurrencia. Se acercan a la comisaría porque les queda cerca y esperan menos", sostuvo.

Según la definición, la Policía es el cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. Los agentes son entrenados para prevenir y combatir el delito y las infracciones a la convivencia en la sociedad y esa debería ser su única función. Los trámites administrativos tendrían que estar a cargo de empleados públicos, no de policías de escritorio. Por otro lado, en cada trámite por el cual se paga un arancel se debería otorgar al ciudadano un recibo, hecho que no sucede en la actualidad. Ello contribuirá a la transparencia porque el ciudadano no sabe adónde va a parar el dinero.

Teniendo en cuenta que en octubre de 2008 la Policía comenzó a informatizar los prontuarios y se supone que la tarea ya fue concluida, si se dotara a cada seccional de una o de más computadoras que funcionaran en red con una central y se dispusiera de los empleados necesarios, el ciudadano no estaría obligado a ir al alba a la Jefatura para obtener el certificado de buena conducta; lo haría en la comisaría de su barrio.

Si la idea es que la fuerza cumpla con el deber de proteger a la ciudadanía y de mantener el orden público y que haya en consecuencia más policías en la calle, se debería delegar la burocracia en empleados comunes. De lo contrario es como poner a un arquitecto para que atienda al público en mesa de entradas de Catastro o a un entomólogo que se ocupe de la fumigación de alacranes en una repartición municipal. En tiempos de inseguridad creciente, no se puede distraer recursos en cuestiones burocráticas.