27 Junio 2003 Seguir en 
El juez federal Jorge Parache denegó el pedido de excarcelación de la empleada del Anses, Celia Elli, detenida como presunta integrante de una asociación ilícita que efectuaría defraudaciones al Estado con el cobro de jubilaciones de personas fallecidas. En la operación se habrían utilizado además documentos de identidad falsificados.
La defensora oficial federal, Graciela Fernández Vecino, había solicitado la libertad de Elli por considerar que no estaba acreditada la existencia de una asociación ilícita con las pruebas aportadas al expediente, que aún está bajo estricto secreto de sumario. Esta figura es la que transforma la defraudación en un delito no excarcelable. La funcionaria apeló la decisión de Parache. Junto a Elli, la Policía Federal detuvo a José Salinas Córdoba y a Gustavo Ruiz, empleado de una empresa funeraria, entre quienes se habría cerrado el círculo. Todavía se busca a otras dos mujeres, como presuntamente integrantes de la banda.
La operación
Según trascendió, la maniobra se habría realizado de la siguiente manera: al fallecer una persona que cobraba jubilación, el empleado de la empresa funeraria encargada del servicio habría ofrecido tener a su cargo también los trámites en el Registro Civil, incluso la destrucción del DNI, para lo cual los deudos se lo entregaban. Sin embargo, no se habría registrado el fallecimiento, y se habría alterado el DNI con la foto de otra persona, que a partir de ese momento habría cobrado mensualmente la jubilación. Otra alternativa habría sido contar con un poder falso, según informaron fuentes tribunalicias. Para evitar ser detectados, la operación habría contado con un contacto dentro de la Anses, quien era el encargado de certificar que el trámite de baja no haya sido efectuado por ningún pariente del fallecido. Precisamente, la investigación penal se inició con una denuncia de un particular ante la Justicia Federal.
La operación se habría realizado por varios meses seguidos, y luego se registraba el fallecimiento, para que quede como una simple demora. Entre las pruebas incluídas en el expediente aparecen tirillas de beneficiarios fallecidos, a los cuales supuestamente se les habría seguido pagando la jubilación durante más de 6 meses de producido el deceso. Los casos relevados en la provincia llegarían al centenar.
La defensora oficial federal, Graciela Fernández Vecino, había solicitado la libertad de Elli por considerar que no estaba acreditada la existencia de una asociación ilícita con las pruebas aportadas al expediente, que aún está bajo estricto secreto de sumario. Esta figura es la que transforma la defraudación en un delito no excarcelable. La funcionaria apeló la decisión de Parache. Junto a Elli, la Policía Federal detuvo a José Salinas Córdoba y a Gustavo Ruiz, empleado de una empresa funeraria, entre quienes se habría cerrado el círculo. Todavía se busca a otras dos mujeres, como presuntamente integrantes de la banda.
La operación
Según trascendió, la maniobra se habría realizado de la siguiente manera: al fallecer una persona que cobraba jubilación, el empleado de la empresa funeraria encargada del servicio habría ofrecido tener a su cargo también los trámites en el Registro Civil, incluso la destrucción del DNI, para lo cual los deudos se lo entregaban. Sin embargo, no se habría registrado el fallecimiento, y se habría alterado el DNI con la foto de otra persona, que a partir de ese momento habría cobrado mensualmente la jubilación. Otra alternativa habría sido contar con un poder falso, según informaron fuentes tribunalicias. Para evitar ser detectados, la operación habría contado con un contacto dentro de la Anses, quien era el encargado de certificar que el trámite de baja no haya sido efectuado por ningún pariente del fallecido. Precisamente, la investigación penal se inició con una denuncia de un particular ante la Justicia Federal.
La operación se habría realizado por varios meses seguidos, y luego se registraba el fallecimiento, para que quede como una simple demora. Entre las pruebas incluídas en el expediente aparecen tirillas de beneficiarios fallecidos, a los cuales supuestamente se les habría seguido pagando la jubilación durante más de 6 meses de producido el deceso. Los casos relevados en la provincia llegarían al centenar.
Lo más popular
Ranking notas premium
