La visita al país del presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, tuvo sus remezones en Tucumán. Aunque el presidente Néstor Kirchner dijo que no aceptará nuevos ajustes para pagar la deuda externa argentina, en la práctica las provincias comenzaron a sentir los efectos de las restricciones en el gasto público.
Las autoridades tucumanas están a punto de cerrar una evaluación respecto del cumplimiento de las metas acordadas en el Plan de Financiamiento Ordenado firmado con la Nación para obtener recursos extras para sostener el déficit fiscal. Según las primeras evaluaciones oficiales, esas pautas se habrían cumplido, sin computar todavía las erogaciones adicionales del proceso electoral que se cerrará el domingo. El ajuste que el FMI exigió en enero pasado con la firma de un acuerdo de transición no se limita sólo al control del gasto público provincial, sino que, además, se extiende a otras facetas de la administración de los recursos:
Monetaria: con la ayuda del Banco Central, Tucumán cerrará el primer semestre con casi el rescate del 70% del circulante de bonos.
Fiscal: Rentas mejoró casi un 40% los ingresos por el cobro de tributos respecto del año pasado. El Gobierno tiene prohibido dictar moratorias y, por esa razón, el perdón de viejas deudas por buen comportamiento fiscal de los contribuyentes a través del bloqueo fiscal está llegando a su fin.
Deuda pública: con la firma del convenio de refinanciación a 16 años de $ 1.000 millones de los $ 3.000 millones del endeudamiento tucumano, el Poder Ejecutivo busca reforzar su voluntad de pago, quebrada a fines de 2001 cuando se declaró el "default" transitorio, sobre todo en el pago de los títulos públicos emitidos por la provincia.
Anticipos financieros nacionales: esta es, por ahora, una materia pendiente de la gestión del gobernador Julio Miranda. En estos momentos, el Ejecutivo está tratando de estirar los plazos de pago de casi $ 30 millones que el Gobierno federal giró a Tucumán para cubrir baches financieros transitorios.
Planes sociales: el FMI avaló la continuidad de los programas alimentarios, que llegan a 1,7 millón de argentinos. Sin embargo, en este punto habrá un ajuste. El FMI reclama a la Nación y a las provincias que no menos de dos tercios del total de beneficiarios participen en actividades de trabajo elegible. Esta es una de las mayores preocupaciones de la gestión mirandista y, por esa razón, se reaccionó tan airadamente cuando trascendieron algunos detalles respecto del manejo del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Las correcciones tendrán que llegar desde el mes entrante, so pena de reducir el cupo de beneficios para una provincia empobrecida y sin políticas sociales claras para contener las necesidades básicas insatisfechas.
La eterna discusión
Desde setiembre, con un inminente cambio de gobernador, Tucumán tendrá que afrontar una dura lucha para no perder en el reparto de la torta salvadora de gestiones llamada coparticipación federal de impuestos. En el nuevo esquema de distribución tendrá mucho que ver la conducta fiscal de cada provincia. Si bien para lo que queda del año está garantizado el envío de un piso de coparticipación de $ 60 millones (monto bruto), para obtener más fondos será necesario demostrar crecimiento en la recaudación provincial.
Lo malo del nuevo sistema, cuyo esquema ya se está analizando en el Palacio de Hacienda, es que se tratará de un régimen único. Esto quiere decir que la nueva coparticipación será de libre disponibilidad por parte de las administraciones provinciales, con el riesgo de desfinanciar al sector tabacalero (FET), a los planes de viviendas (Fonavi) o sociales (Posoco y Prosonu), entre otros.
