El Presidente y la sociedad

Cuatro semanas es muy poco tiempo para juzgar a un gobierno constitucional. Mucho menos si, como el de Néstor Kirchner, llega con una carga de graves problemas -antiguos y recientes- por resolver, que han colocado a la República ante una crisis que afectó a su propia identidad. Sin embargo, puede observarse que el primer mes de gestión ha dejado más claridades que incertidumbres y, sobre todo, el evidente grado de confianza que la sociedad le está deparando al Presidente.
Se afirma con razón que sus actos, múltiples y a veces polémicos, están tratando de construir un poder personal -no personalista- que la competencia electoral no le dio, por lo que esa respuesta de la ciudadanía adquiere un significado con muy escasos precedentes en nuestra historia política.
Lo primero que la gente expresa con ese crédito de confianza es la necesidad imperiosa de poner fin al desorden institucional que ha precipitado al país en el descrédito y en la pobreza. Pero esa fuerza popular, sensible a las causas profundas de la crisis, ha eludido esta vez los conocidos rumbos de la violencia para confiar en las virtudes de la razón y el trabajo, que en el pasado hicieron de la Argentina una nación próspera y respetada.
Entre las referencias que los actos del presidente Kirchner están dejando, la más novedosa y llamativa es su propósito de apoyarse en la sociedad, antes que en el partido que, si como herramienta política es imprescindible, carece hoy del crédito público de otros tiempos. Esa alianza se está expresando en la resolución con que el jefe del Gobierno trata de poner fin a estilos y reductos de privilegios y corrupción, sin detenerse ante las complicidades con ellos de sus propios correligionarios.
Los casos del PAMI y de la Corte Suprema son los más expresivos de esa acción comprometida en el mensaje inaugural, más insistente en la recuperación del orden institucional que en las promesas puntuales carentes de realismo. Ambos ejemplos de buena dirección política, -por más que en el caso de los jueces puedan reputarse al Presidente y al ministro de Justicia rasgos de intromisión con los que la institucionalidad es severa- tienen en la sociedad la mejor acogida; no así el del relevo masivo en las Fuerzas Armadas, sin la explicación necesaria a la opinión pública y, por consiguiente, generador de sospechas de sectarismo que en nada favorecen a la necesaria paz de los espíritus.
Afectado gravemente en su crédito externo, el país está requiriendo un fuerte compromiso para restaurar la seguridad jurídica perdida en los desbordes de la crisis. Mas para ello no será necesario, ni de ninguna manera aceptable, que los comportamientos consecuentes confundan el rumbo hacia la recuperación de su dignidad, cediendo ante exigencias que afecten su soberanía o posterguen las más urgentes y justas demandas sociales.
En ese punto, el jefe del Gobierno y su ministro de Economía han podido demostrar que son posibles las negociaciones dentro de imprescindibles marcos de racionalidad.
Tanto en el orden interno como en el internacional, cuando la confianza ha sido durante largo tiempo tan vulnerada por los errores y componendas de la vieja partidocracia -cuya depuración sigue demandando una reforma sin postergaciones-, es imprescindible que el Presidente demuestre en toda ocasión que es el mandatario de todos, sin caer en diferenciaciones que no estén avaladas por un espíritu de justicia y equidad.
Rescatar los derechos perdidos constituye en ese orden un deber tan importante, como exigir el cumplimiento de las obligaciones olvidadas.