BUENOS AIRES.- El Gobierno tiene ahora la certeza de que el Fondo Monetario hará todo lo que esté a su alcance a favor de un acuerdo contingente de mediano plazo, pero ello no debe interpretarse como resignación de algunos condicionamientos irrenunciables para el organismo. Entre ellos, la actualización de las tarifas de servicios públicos, el sistema de compensaciones a la banca y la liberación de las ejecuciones hipotecarias. Lo que han conseguido el presidente Kirchner y el ministro de Economía con la visita de Horst Köhler es un plazo mayor para las reformas estructurales, que en la mayoría de los casos irá más allá de las elecciones que comienzan a paralizar al Congreso; es decir, que el FMI tiene ahora una visión más política de los problemas que enfrenta el gobierno para fortalecer su poder en la sociedad. Todo eso no le impidió al director del Fondo decir sus verdades con parecida franqueza a la observada en sus interlocutores; fundamentalmente que ?los argentinos están llamados también a realizar una autocrítica por sus propios errores?, algo que el oficialismo tan sólo suele hacer culpando a sus correligionarios menemistas.
El debate con el FMI ha entrado, pues, en un terreno constructivo y sin las urgidas contradicciones que lo oscurecían, por lo cual, el Presidente, que monopoliza decididamente las iniciativas del gobierno, puede dedicar más atención a ciertas cuestiones con perfil crítico que andan dando vueltas sin definición. Tal vez la más compleja y políticamente definitoria sea definir la posición por asumir respecto de la extradición de miembros de las Fuerzas Armadas solicitada por jueces extranjeros en casos de presunta violación de derechos humanos durante el Proceso. El más favorable a decir que sí, dejando sin efecto el decreto de De la Rúa que privilegió la jurisdicción nacional, fue inicialmente el canciller Rafael Bielsa, pero esta semana se ha mostrado menos seguro después de mantener una larga conversación con el ministro de Defensa, José Pampuro, y advertir el silencio de Kirchner sobre el tema. Bielsa califica ahora el asunto como intrincado, ante la certeza de que, como dicen los académicos frente a la incertidumbre, media biblioteca afirma que sí, y la otra media lo niega.
Diferencias
Ese punto, como la forzada renuncia del procurador del Tesoro, Carlos Sánchez Herrera, por haber sido abogado defensor de un general del Proceso imputado de delitos contra los derechos humanos, son manejados aquí en el foro de abogados y otros medios, desde posiciones constitucionalistas, como señales de peligroso revisionismo. El último en sumarse ha sido el Colegio de Abogados porteño, con una fuerte crítica directa al Presidente. Esos sectores están pasando ahora la lupa sobre ciertas movidas presidenciales que se iniciaron, afirman, con el profundo relevo de los cuadros superiores castrenses y siguieron con una serie de preferencias por figuras y corrientes que el propio ex presidente Raúl Alfonsín debió enfrentar para remitir al Congreso sus proyectos sobre obediencia debida y punto final, hoy también debatido en la interna oficialista. (De nuestra Sucursal)
