El complejo debate con el FMI

Las complejas y generalmente dificultosas relaciones del país con el Fondo Monetario han alcanzado de un año a esta parte su punto más crítico desde la restauración constitucional, como consecuencia de nuestra incertidumbre política y económica. A los frecuentes desequilibrios fiscales que repetidamente obligaron a recurrir al organismo internacional para demandar ayudas mediante acuerdos en su mayoría incumplidos, siguió un proceso de inseguridad jurídica e institucional que provocó la declaración de insolvencia de la deuda externa. En el contexto de esa situación, la crisis social sin precedentes -que el director general del FMI, Horst Köhler, ha reconocido como un factor perturbador que no debe eludirse- complica unas negociaciones que tampoco pueden ignorar exigentes reglas de buen gobierno por ambas partes. El centro del debate está planteado en la necesidad de alcanzar un acuerdo contingente de mediano plazo que permita fundamentalmente recomponer la confianza de los inversores en el país, lo que no es posible mediante un convenio de corta vigencia, como el que expira el 30 de agosto próximo.
Para nuestro país, el significado mayor de ese entendimiento es el grado de garantía que representa frente la comunidad inversores, antes que el préstamo de fondos con destino fiscal que pueda significar. Pero esa garantía exige por parte del Fondo el cumplimiento de una serie de compromisos que el gobierno no está en condiciones de satisfacer sin la colaboración del Congreso y, en otros casos, sin agravar las cargas sociales de la crisis. Se trata de un círculo cerrado de intereses donde el organismo multilateral exige condiciones para restablecer la seguridad jurídica, y el gobierno demanda confianza en que habrá de cumplirlas conforme se vayan resolviendo los requerimientos más urgentes de la sociedad. Desde fuera de esa relación, al secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, acaban de advertirle en una reunión con acreedores de que cualquier reestructuración de sus acreencias deberá ser precedida por un acuerdo de largo plazo con el FMI. Las reformas estructurales planteadas al Gobierno no sólo son las del organismo, sino las exigidas por la realidad de un prolongado proceso de errores y políticas erráticas y cortoplacistas que conspiraron contra la confianza en el país. Ejemplo de ello es la última prórroga de las ejecuciones hipotecarias, que superados los aspectos más graves del corralón bancario señalan una perduración de los métodos inconstitucionales para resolver problemas políticos. En ello el Congreso tiene mucho para explicar, lo que seguramente no hará durante el proceso electoral de su renovación, mientras tiene pendientes otros asuntos que forman parte de las condiciones requeridas por el acuerdo con el Fondo. Es muy probable que esa situación no se modifique sustancialmente antes del 30 de agosto, por lo que el Gobierno se verá obligado a negociar un nuevo convenio de mediano plazo cuyo objetivo fundamental apunta fatalmente a obtener la revisión de vencimientos por 10.000 millones de dólares de la deuda con el organismo.
La relación de una economía de mercado con los requerimientos de equidad social es la fórmula del mundo próspero al que miles de argentinos están emigrando por la crisis, desoyendo los clamores de las ideologías pasatistas. Ese es el cauce por recorrer, pero no será posible hacerlo sin crecimiento y sin pagar el precio de los errores. Restaurar la confianza implica recuperar las relaciones plenas con la comunidad internacional, sin las cuales no será posible el crecimiento firme de la economía productiva. Para ello, los inversores necesitan del reaseguro de un programa creíble que en nuestra delicada situación requiere de la garantía de su auditor.