Revocan el contrato para construir locales en La Olla

Anoche se cerró un traumático episodio que mantuvo en vilo a Yerba Buena en los últimos dos años. El interventor del municipio, Pedro Migliorini, firmó la ordenanza 1.291 por la que se revocó el contrato mediante el que se le otorgó a la empresa Inversiones del Aconquija SRL la construcción, explotación y mantenimiento por 30 años de un centro comercial en los predios de La Olla.
La decisión fue anunciada en un acto que se celebró en el Concejo Deliberante y en el que el secretario de Gobierno, Oscar Velasco, leyó la ordenanza. El público aplaudió largamente cuando el interventor firmó la norma que fue precedida de un estudio jurídico para el que se consultaron a los abogados Juan Pablo Lau y Oscar Ferreyra, además de a los asesores legales del propio municipio, como José Osvaldo Segura.
"Los vecinos debemos proponerles a las próximas autoridades un plan para rescatar a La Olla y no abandonarla, para que en el futuro no venga otro interventor o un intendente a querer torcer la voluntad de la ley con algo que no queremos", afirmó Migliorini.
En el acto, a la par de Migliorini estuvo el abogado Clímaco de la Peña, quien patrocinó al grupo de vecinos que denunció ante el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, presuntas irregularidades durante la concesión de la obra a Inversiones del Aconquija por parte del anterior interventor, Jorge Lobo Aragón. Este, gran defensor de la obra, fue citado como imputado en varias ocasiones.
"Me sorprendió que a poco de asumir, el nuevo interventor me llamó y me preguntó qué había que hacer con La Olla. No le bastaron mis explicaciones y consultó a otros expertos en Derecho Administrativo, lo que demuestra un gran sentido de la responsabilidad. Mostró una valentía pocas veces vista en un funcionario y hasta en la propia Justicia", dijo De la Peña.

Diez días de plazo
En la ordenanza, se intimó a la concesionaria a que restituya los terrenos en un plazo de 10 días bajo pena de recurrir a la Justicia. En los considerandos, se aclara que el contrato violó numerosas disposiciones legales, como el Código de Planeamiento Urbano. Este -se precisa en la ordenanza- prevé que la zona de La Olla esté protegida ecológicamente, razón por la que la densidad poblacional no puede ser de más de 150 habitantes por hectárea. También se consignó que la empresa no presentó plano alguno que permita conocer qué iba a construir.