24 Junio 2003 Seguir en 
Los condenados que acceden a la libertad condicional están permanentemente controlados y el índice de reincidencia durante este período, hasta que quedan completamente en libertad, es muy bajo, casi nulo, según afirmó Josefina Cliver de Gallego, directora del Patronato del Interno Liberado.
El cuerpo cuenta con tres asistentes sociales, una psicóloga (Cliver de Gallego) y seis empleados administrativos que también colaboran en los informes que deben hacerse a solicitud de la Justicia, a la hora de otorgar los beneficios. La funcionaria comentó que el promedio de casos que atienden oscila entre los 250 y los 300 por mes. "Los cambios en los códigos y la cantidad de casos en los que se aplica la ?probation? o se dictan penas de prisión en suspenso (menores a tres años) nos llevaron a tener muchos más casos que atender que antes", explicó la psicóloga. La clave, explicó Cliver de Gallego, es que se busca que la persona tenga la contención que necesita. "Por eso se trabaja mucho con la familia, con su entorno", añadió.
Ella explicó que, para el trabajo que se hace, los recursos son demasiado exiguos; el único vehículo con que cuentan para las visitas y las investigaciones socioambientales no da abasto, como tampoco la cantidad de personal.
Polémica
Desde la semana pasada se instaló nuevamente una polémica en Tucumán a raíz de los permisos que reciben los presos desde la Justicia. Uno de los beneficiados, Pedro Pedrozo, asesinó de un disparo al comerciante Juan Anastacio, el jueves, en barrio Echeverría. Aún hay 17 prófugos que aprovecharon los beneficios para escapar.
Pero el mayor problema del Patronato es que sigue dependiendo del Poder Ejecutivo, a pesar de que su trabajo está directamente relacionado con el Poder Judicial. Hace dos años se sancionó la ley que estipula el pase del patronato a la esfera judicial, pero aún no se reglamentó. Así, el organismo sigue con un pie de cada lado, lo que acarrea inconvenientes y genera escollos en su funcionamiento administrativo.
El cuerpo cuenta con tres asistentes sociales, una psicóloga (Cliver de Gallego) y seis empleados administrativos que también colaboran en los informes que deben hacerse a solicitud de la Justicia, a la hora de otorgar los beneficios. La funcionaria comentó que el promedio de casos que atienden oscila entre los 250 y los 300 por mes. "Los cambios en los códigos y la cantidad de casos en los que se aplica la ?probation? o se dictan penas de prisión en suspenso (menores a tres años) nos llevaron a tener muchos más casos que atender que antes", explicó la psicóloga. La clave, explicó Cliver de Gallego, es que se busca que la persona tenga la contención que necesita. "Por eso se trabaja mucho con la familia, con su entorno", añadió.
Ella explicó que, para el trabajo que se hace, los recursos son demasiado exiguos; el único vehículo con que cuentan para las visitas y las investigaciones socioambientales no da abasto, como tampoco la cantidad de personal.
Polémica
Desde la semana pasada se instaló nuevamente una polémica en Tucumán a raíz de los permisos que reciben los presos desde la Justicia. Uno de los beneficiados, Pedro Pedrozo, asesinó de un disparo al comerciante Juan Anastacio, el jueves, en barrio Echeverría. Aún hay 17 prófugos que aprovecharon los beneficios para escapar.
Pero el mayor problema del Patronato es que sigue dependiendo del Poder Ejecutivo, a pesar de que su trabajo está directamente relacionado con el Poder Judicial. Hace dos años se sancionó la ley que estipula el pase del patronato a la esfera judicial, pero aún no se reglamentó. Así, el organismo sigue con un pie de cada lado, lo que acarrea inconvenientes y genera escollos en su funcionamiento administrativo.
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