Por Álvaro José Aurane
21 Mayo 2011
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"Y la ciudad es ahora / como un plano de mis humillaciones y fracasos". Fragmento de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges.
Protestan y acampan. Hay desocupados del Gran San Miguel y municipales del interior, bombas y bombos, madres de jóvenes perdidos en la droga y padres de víctimas de crímenes impunes, pitos y redoblantes, empleados del Estado que exigen sueldos dignos y jubilados del Estado que repudian haberes humillantes, banderas y pancartas. Se lee más 82% móvil y menos aviones de lujo. Se escucha más justicia y menos arbitrariedad.
Desde el despacho del gobernador la vista es panorámica: los que se manifiestan están en la vereda del frente. Convirtieron la plaza Independencia en una exposición de yerros oficiales en seguridad, salud, trabajo y salarios. Este cuarteto tiene una incomodidad adicional: no son imponderables, como las inundaciones. Se trata, por el contrario, de políticas públicas en las que el titular del Poder Ejecutivo tiene directa responsabilidad. Y eso se traduce en nervios crispados e irritación permanente en el palacio que tiene otra vez guardia policial: la semana pasada no tenía ni custodia para la gobernación.
Lo incomprendido
El conflicto policial ha dejado traumas severos. En el mejor de los casos, exhibe que al alperovichismo aún le queda alguna habilidad para resolver problemas (destreza cada vez menor, porque a los agentes de seguridad, cuando ni los comisarios respondían las llamadas de los ministros, les dieron cuanto pidieron), pero desnuda que carece de toda capacidad para evitarlos.
En el peor de los casos, la protesta salarial de los uniformados ha hecho incurrir al Estado en una conducta rayana en la cobardía: a los que están armados, todo; a los trabajadores y profesionales autoconvocados del Siprosa, que no portan bisturí en la cintura -ni acoples en el bolsillo-, nada.
Aunque enfrentadas, ambas situaciones tienen algo en común: los ministros de Seguridad y de Salud no gozan de consenso en el funcionariado. De hecho, la defensa del gobernador sigue funcionando cerradamente en el Gabinete (más aún en campaña), pero con una unánime salvedad: nadie logra responder por qué él decidió asumir los costos de ambas crisis (y, por ende, que lo asumieran también los ministros que nada tienen que ver con aquellas áreas) en lugar de hacer saltar los fusibles políticos correspondientes.
Eso sí, lo revelador no está en las preguntas sin contestar sino en las explicaciones (y los pases de factura) oficiales. Hasta los enemigos íntimos coinciden en que ninguna gestión anterior invirtió tanto en equipamiento y en personal para Salud y Seguridad. Luego, si allí estallaron los problemas es porque los jefes de esas carteras no gestionaron bien.
Sin entrar a contrastar situaciones como las de los techos caídos del hospital de Niños o los problemas en las obras de la nueva guardia del Padilla (varios jefes de área del hospital ya lo han planteado puertas adentro), lo esclarecedor del argumento es que el oficialismo gobierna implementando un clientelismo que no comprende. Pero en el subtrópico, eso no es pecado: para el caso, ya hace años que al PJ lo gerencian quienes fueron sus antagonistas.
La ideología
Que el clientelismo es el relato que explica y ordena la realidad para el Gobierno (es decir, es su ideología) no es nuevo: hace dos 17 de Octubre, la autocrítica de la senadora sobre el conflicto con los autoconvocados fue que el error de su marido era no haber designado a la tropa propia en el Siprosa (los cargos, en vez de eso, fueron para la gente idónea). Curioso karma: el Gobierno se asume equivocado cuando acierta.
El tiempo fue el que se encargó de mostrarle a la titular del PJ la falacia de su supuesto: esta gestión llenó la Policía de punteros y de hijos de punteros y, hace siete días, el propio gobernador no podía entrar a la Casa de Gobierno.
Que esta administración carezca de una política de seguridad es un clásico: las nuevas autoridades policiales anunciaron, por todo programa, que sacarán los policías a la calle. Aunque más no fuera, se podrían incautar de algunas ideas. Como jamás lo hicieron, el Ejecutivo implementó el "plan mucho". Mucho gasto en nombrar muchos miles de agentes. La lógica: más policías, menos inseguridad (entonces, ¿más jueces, menos corrupción?) Esos muchos desempleados que pasaron a vestir de azul agradecieron el cargo, pero tiempo después comenzaron a reclamar lo que cualquier trabajador: mejores salarios. Es una lástima que no lo supieran: el clientelismo, al primero te lo regala; al segundo, te lo vende.
Los resbalones
Con semejante feria de políticas públicas fracasadas, el gobernador decidió irse a Buenos Aires a tratar de recomponer un poco las relaciones con la pingüinera, donde acumula demasiados pasos en falso. Como irse al Caribe cuando el Frente para la Victoria lo necesitaba apuntalando el triunfo de Lucía Corpacci (y Ramón Saadi) en Catamarca. Como que dirigentes del Ente de Infraestructura Comunitaria (y el de una vicepresidencia de la Legislatura) trabajaran en Salta no para Juan Manuel Urtubey (se escribe con K) sino para su competidor. Como que el megaemprendimiento habitacional de Los Pocitos, en lugar de rebozar en carteles que aludan a Lomas de Cristina o Villa Néstor, se perfile como Ciudad Alperovich.
Que "José" prefiriera ser uno más en un acto en la Rosada a desayunar con el presidente de Chile no fue gratuito. Tampoco, que la Presidenta no le atienda el teléfono. Menos, que Hebe de Bonafini viniera a decirle que su apellido político no lleva K de kirchnerista sino A de acomodaticio.
Si el gobernador A no termina la semana al borde del ataque de nervios es porque recibió lo que para él son buenas nuevas desde otro palacio: el del Poder Judicial.
Las heroínas
El jueves ya estaba redactada la resolución que aceptaría la recusación sin causa del Ejecutivo contra René Goane, vocal de la Corte, en la apelación al fallo de la Sala II del fuero administrativo. Esa que declaró nula, inconstitucional y vergonzosa la integración de la Junta Electoral Provincial, conformada por el titular del superior tribunal y dos dependientes del mandatario: el vicegobernador y el fiscal de Estado.
Si la medida prospera, si se admite que las autoridades del Estado -de la cosa pública- puedan invocar "razones privadas" para desplazar magistrados en asuntos constitucionales, pues el Gobierno podrá celebrar un nuevo instrumento: el que le permite desplazar jueces "porque sí" para armar tribunales que le resulten simpáticos. O lo que es igual, un tejo para jugar a la rayuela judicial y saltarse magistrados. ¿Qué será en esta república desequilibrada la garantía del juez natural?
El objetivo que anuda la recusación, por cierto, no es voltear la sentencia de Rodolfo Novillo y de Carlos Giovanniello (tan sólida como el planteo de Alejandro Sangenis y de Rodolfo Burgos, que inició la causa): le alcanza con que, simplemente, sea ratificada inoportunamente. Léase, después de las elecciones del 28 de agosto.
Pero en este punto, que Claudia Sbdar sea una de las magistradas que entenderá en el expediente debiera ser una garantía de que se fallará oportunamente, concepto que ella defiende con énfasis como elemento esencial de la administración de Justicia.
"El esquema trazado tiene por finalidad permitir a la Corte Suprema concretar oportuna y adecuadamente su rol esencial, el control de legalidad (y) constitucionalidad definitivo de normas y actos de gobierno y la consecuente tutela de los derechos constitucionales", escribió con inequívoca razón en 2008, en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, en su artículo sobre El rol de la Corte Suprema de la Nación, en el cual recomienda una serie de pautas para descongestionar al máximo tribunal de Justicia de la Nación de la acumulación arbitraria de recursos extraordinarios.
Y es que si la suerte de la Junta Electoral (o de las causas contra la recontra-reelección que impulsa Ariel García y, detrás de él, la UCR y compañía) tendrá desenlace después de las elecciones, no habrá que sorprenderse cuando llegue a la plaza Independencia una señora de toga, con una balanza que no funciona y una espada sin filo, a pedirle a la dama de las rotas cadenas que le acomode la venda: para entonces ya no la tendrá sobre los ojos sino en la boca.
Por cierto, la Justicia y la Libertad son, muy a menudo, dos heroínas enfrentadas. Pero en este Tucumán, queda claro, no las une el amor, sino el espanto.
Protestan y acampan. Hay desocupados del Gran San Miguel y municipales del interior, bombas y bombos, madres de jóvenes perdidos en la droga y padres de víctimas de crímenes impunes, pitos y redoblantes, empleados del Estado que exigen sueldos dignos y jubilados del Estado que repudian haberes humillantes, banderas y pancartas. Se lee más 82% móvil y menos aviones de lujo. Se escucha más justicia y menos arbitrariedad.
Desde el despacho del gobernador la vista es panorámica: los que se manifiestan están en la vereda del frente. Convirtieron la plaza Independencia en una exposición de yerros oficiales en seguridad, salud, trabajo y salarios. Este cuarteto tiene una incomodidad adicional: no son imponderables, como las inundaciones. Se trata, por el contrario, de políticas públicas en las que el titular del Poder Ejecutivo tiene directa responsabilidad. Y eso se traduce en nervios crispados e irritación permanente en el palacio que tiene otra vez guardia policial: la semana pasada no tenía ni custodia para la gobernación.
Lo incomprendido
El conflicto policial ha dejado traumas severos. En el mejor de los casos, exhibe que al alperovichismo aún le queda alguna habilidad para resolver problemas (destreza cada vez menor, porque a los agentes de seguridad, cuando ni los comisarios respondían las llamadas de los ministros, les dieron cuanto pidieron), pero desnuda que carece de toda capacidad para evitarlos.
En el peor de los casos, la protesta salarial de los uniformados ha hecho incurrir al Estado en una conducta rayana en la cobardía: a los que están armados, todo; a los trabajadores y profesionales autoconvocados del Siprosa, que no portan bisturí en la cintura -ni acoples en el bolsillo-, nada.
Aunque enfrentadas, ambas situaciones tienen algo en común: los ministros de Seguridad y de Salud no gozan de consenso en el funcionariado. De hecho, la defensa del gobernador sigue funcionando cerradamente en el Gabinete (más aún en campaña), pero con una unánime salvedad: nadie logra responder por qué él decidió asumir los costos de ambas crisis (y, por ende, que lo asumieran también los ministros que nada tienen que ver con aquellas áreas) en lugar de hacer saltar los fusibles políticos correspondientes.
Eso sí, lo revelador no está en las preguntas sin contestar sino en las explicaciones (y los pases de factura) oficiales. Hasta los enemigos íntimos coinciden en que ninguna gestión anterior invirtió tanto en equipamiento y en personal para Salud y Seguridad. Luego, si allí estallaron los problemas es porque los jefes de esas carteras no gestionaron bien.
Sin entrar a contrastar situaciones como las de los techos caídos del hospital de Niños o los problemas en las obras de la nueva guardia del Padilla (varios jefes de área del hospital ya lo han planteado puertas adentro), lo esclarecedor del argumento es que el oficialismo gobierna implementando un clientelismo que no comprende. Pero en el subtrópico, eso no es pecado: para el caso, ya hace años que al PJ lo gerencian quienes fueron sus antagonistas.
La ideología
Que el clientelismo es el relato que explica y ordena la realidad para el Gobierno (es decir, es su ideología) no es nuevo: hace dos 17 de Octubre, la autocrítica de la senadora sobre el conflicto con los autoconvocados fue que el error de su marido era no haber designado a la tropa propia en el Siprosa (los cargos, en vez de eso, fueron para la gente idónea). Curioso karma: el Gobierno se asume equivocado cuando acierta.
El tiempo fue el que se encargó de mostrarle a la titular del PJ la falacia de su supuesto: esta gestión llenó la Policía de punteros y de hijos de punteros y, hace siete días, el propio gobernador no podía entrar a la Casa de Gobierno.
Que esta administración carezca de una política de seguridad es un clásico: las nuevas autoridades policiales anunciaron, por todo programa, que sacarán los policías a la calle. Aunque más no fuera, se podrían incautar de algunas ideas. Como jamás lo hicieron, el Ejecutivo implementó el "plan mucho". Mucho gasto en nombrar muchos miles de agentes. La lógica: más policías, menos inseguridad (entonces, ¿más jueces, menos corrupción?) Esos muchos desempleados que pasaron a vestir de azul agradecieron el cargo, pero tiempo después comenzaron a reclamar lo que cualquier trabajador: mejores salarios. Es una lástima que no lo supieran: el clientelismo, al primero te lo regala; al segundo, te lo vende.
Los resbalones
Con semejante feria de políticas públicas fracasadas, el gobernador decidió irse a Buenos Aires a tratar de recomponer un poco las relaciones con la pingüinera, donde acumula demasiados pasos en falso. Como irse al Caribe cuando el Frente para la Victoria lo necesitaba apuntalando el triunfo de Lucía Corpacci (y Ramón Saadi) en Catamarca. Como que dirigentes del Ente de Infraestructura Comunitaria (y el de una vicepresidencia de la Legislatura) trabajaran en Salta no para Juan Manuel Urtubey (se escribe con K) sino para su competidor. Como que el megaemprendimiento habitacional de Los Pocitos, en lugar de rebozar en carteles que aludan a Lomas de Cristina o Villa Néstor, se perfile como Ciudad Alperovich.
Que "José" prefiriera ser uno más en un acto en la Rosada a desayunar con el presidente de Chile no fue gratuito. Tampoco, que la Presidenta no le atienda el teléfono. Menos, que Hebe de Bonafini viniera a decirle que su apellido político no lleva K de kirchnerista sino A de acomodaticio.
Si el gobernador A no termina la semana al borde del ataque de nervios es porque recibió lo que para él son buenas nuevas desde otro palacio: el del Poder Judicial.
Las heroínas
El jueves ya estaba redactada la resolución que aceptaría la recusación sin causa del Ejecutivo contra René Goane, vocal de la Corte, en la apelación al fallo de la Sala II del fuero administrativo. Esa que declaró nula, inconstitucional y vergonzosa la integración de la Junta Electoral Provincial, conformada por el titular del superior tribunal y dos dependientes del mandatario: el vicegobernador y el fiscal de Estado.
Si la medida prospera, si se admite que las autoridades del Estado -de la cosa pública- puedan invocar "razones privadas" para desplazar magistrados en asuntos constitucionales, pues el Gobierno podrá celebrar un nuevo instrumento: el que le permite desplazar jueces "porque sí" para armar tribunales que le resulten simpáticos. O lo que es igual, un tejo para jugar a la rayuela judicial y saltarse magistrados. ¿Qué será en esta república desequilibrada la garantía del juez natural?
El objetivo que anuda la recusación, por cierto, no es voltear la sentencia de Rodolfo Novillo y de Carlos Giovanniello (tan sólida como el planteo de Alejandro Sangenis y de Rodolfo Burgos, que inició la causa): le alcanza con que, simplemente, sea ratificada inoportunamente. Léase, después de las elecciones del 28 de agosto.
Pero en este punto, que Claudia Sbdar sea una de las magistradas que entenderá en el expediente debiera ser una garantía de que se fallará oportunamente, concepto que ella defiende con énfasis como elemento esencial de la administración de Justicia.
"El esquema trazado tiene por finalidad permitir a la Corte Suprema concretar oportuna y adecuadamente su rol esencial, el control de legalidad (y) constitucionalidad definitivo de normas y actos de gobierno y la consecuente tutela de los derechos constitucionales", escribió con inequívoca razón en 2008, en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, en su artículo sobre El rol de la Corte Suprema de la Nación, en el cual recomienda una serie de pautas para descongestionar al máximo tribunal de Justicia de la Nación de la acumulación arbitraria de recursos extraordinarios.
Y es que si la suerte de la Junta Electoral (o de las causas contra la recontra-reelección que impulsa Ariel García y, detrás de él, la UCR y compañía) tendrá desenlace después de las elecciones, no habrá que sorprenderse cuando llegue a la plaza Independencia una señora de toga, con una balanza que no funciona y una espada sin filo, a pedirle a la dama de las rotas cadenas que le acomode la venda: para entonces ya no la tendrá sobre los ojos sino en la boca.
Por cierto, la Justicia y la Libertad son, muy a menudo, dos heroínas enfrentadas. Pero en este Tucumán, queda claro, no las une el amor, sino el espanto.
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