El caso de Santiago

Hemos venido informando extensamente acerca de las pesquisas por el crimen de La Dársena, en Santiago del Estero, y sobre sus gruesas implicancias. Como se sabe, el tenebroso suceso no solamente ha hecho detonar el reclamo de los familiares de otras 64 víctimas de asesinatos no esclarecidos, sino que también viene a cuestionar a la Policía y al Gobierno de la vecina provincia.
El ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Beliz, se ha referido en duros términos a la realidad que percibe en Santiago del Estero. Afirmó, como hemos publicado, que existe allí una "estructura paralela de Inteligencia política, que genera un profundo temor y un profundo nivel de avasallamiento de los derechos individuales de los santiagueños". Considera que funciona "una especie de Gestapo" dedicada al "seguimiento de ciudadanos y averiguación de antecedentes políticos y partidarios", y manifestó que es urgente que el Gobierno de la provincia remueva todo ese mecanismo. "Las señales de impunidad que percibimos en Santiago son una herida que quema a la Argentina", dijo sin eufemismos.
A este fuerte cuestionamiento del ministro debe sumarse la tarea de las Comisiones de Derechos Humanos de las dos cámaras del Congreso Nacional, que actualmente se hallan estudiando los planteos de intervención al Poder Judicial de Santiago, acerca de cuya credibilidad se han hecho también ásperas imputaciones.
No es la primera vez que la administración santiagueña recibe cuestionamientos por actitudes que parecerían indicar un estilo para nada acorde con exigencias indiscutibles del sistema democrático.
Parecería imperar en ese territorio, desde hace ya largos años, cierto tipo de estructura vertical, con un férreo control del Estado sobre todas las actividades de la población, lo que por cierto no hace ningún favor a la vigencia real de los derechos y las garantías de cada ciudadano. Los críticos de esa realidad aseguran que no existe en Santiago lo que podría ser una verdadera separación de poderes del Estado; que el Gobierno alienta un clientelismo basado en el empleo público o en la militancia rentada en el partido oficial, y que, desde el poder, existe una estructura organizada que tiene injerencia en prácticamente todo.
La tan prolongada permanencia de la misma familia al frente del Gobierno es otro elemento que coadyuva a esa irregular situación, que ha venido a ponerse al rojo vivo con ocasión del crimen. Hay que convenir que no es para nada común que un ministro de Justicia de la Nación realice afirmaciones como las que han sido difundidas acerca de Santiago del Estero.
Dentro de la democracia, no puede aceptarse que la acción de un Estado perjudique la libertad, al estar presente en todas las actividades de los habitantes por medio de sistemas policíacos de control. Menos, que existan delitos que puedan quedar en la impunidad. Ninguna finalidad puede justificar semejante tesitura, que repugna a valores elementales que el sistema republicano tiene obligación de defender.
Estos cargos que se formulan contra la administración santiagueña están indicando la urgente necesidad de un cambio de rumbo, y corresponde a sus autoridades dar señales claras a la opinión pública en esa dirección y sin más pérdida de tiempo. Es preciso no solamente que se despejen todas las incógnitas en torno del doble crimen, sino que termine la intromisión desenfrenada del poder en la vida de la comunidad. A esta altura de la historia argentina, y dado el grado de conciencia cívica que ha adquirido la comunidad, es evidente que no pueden sostenerse situaciones de esa naturaleza. Debemos, entonces, asistir a una modificación sustancial de tal estilo de gobierno.