Inseguridad y pasividad

Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse. Desprevenido, ajeno de sospecha. Estas definiciones del adjetivo seguro pueden aplicarse a otras comunidades del país o del mundo, pero no a la tucumana. En los últimos lustros, la tranquilidad y la seguridad ciudadana fueron desapareciendo vertiginosamente hasta ingresar en un período de agonía constante. La corrupción en todos los niveles, la desocupación y la miseria han acelerado el deterioro del tejido social de Tucumán hasta el punto de convertirla en una tierra donde reinan no sólo el desgobierno, sino también una inseguridad alarmante, hasta el punto de que un ciudadano puede ser víctima de un asalto a cualquier hora y en donde se encuentre, incluso cerca de comisarías.
El asesinato de un comerciante ocurrido el jueves en el barrio Echeverría, a manos de un convicto que tenía permiso especial de la Justicia para salir de la cárcel, puso nuevamente en el tapete un grave problema que castiga a la sociedad desde hace varios años. Según el actual ministro de Gobierno, en 1999 se evadieron de la cárcel de Villa Urquiza 28 hombres que habían recibido permisos judiciales para salir. De ellos, 11 ya fueron recapturados y los 17 restantes siguen prófugos. El funcionario le expresó su preocupación a la Corte Suprema de Justicia y solicitó que haya más controles en los permisos extramuros que son otorgados por las salas penales de cámara. El PE propuso a la Legislatura la creación de la figura del juez de sentencia, que sería la persona encargada de hacer un seguimiento de los presos, función que hoy cumplen los jueces de cámaras penales. Esta propuesta, sin embargo, no es nueva porque ya había sido formulada en el Código Procesal Penal de la provincia de 1991.
Meses antes, en diciembre pasado, el Gobierno ?como todos los años- había consultado a la Corte Suprema sobre la decisión del PE de reducir las penas de unos 200 condenados por distintos delitos. En esa ocasión, la Justicia señaló que la delicada situación de intranquilidad pública -la actual es similar o peor aún- hacía inoportuna la decisión de reducir condenas. Sin embargo, el PE otorgó este beneficio a 240 presos.
Lo cierto es que la delincuencia sigue incrementándose en forma notable, y lo más alarmante es la gran cantidad de adolescentes y niños -generalmente en estado de drogadicción- que no sólo delinquen, sino que también matan.
Demasiado se habla de seguridad, pero poco en concreto se hace. Por otro lado, casi nadie menciona el aspecto de la reincorporación del delincuente en la sociedad. Para que esta pueda ser medianamente efectiva debería existir una ley que obligue a los presos a estudiar, porque en su mayoría ellos son analfabetos o no han concluido el ciclo primario. Y no se puede reeducar a quien no ha sido antes educado previamente. No se trata sólo de que aprendan un oficio, sino de educarlos, de proporcionarles una base cultural que les brinde mayores posibilidades de reinsertarse en la comunidad. Una buena parte de la marginalidad y de la violencia social actuales es producto no sólo de la miseria, del desempleo o de la falta de horizontes, sino de la ausencia de educación. La persona que delinque carece de códigos éticos, y difícilmente en su estancia en el actual sistema carcelario pueda readaptarse.
Mientras los tres poderes del Estado muestran una pasividad alarmante en dar soluciones de fondo a los problemas esenciales de la comunidad, crece la violencia social y se ahonda la indefensión del ciudadano, que siente que el delincuente está más protegido que él. Han pasado casi trece años, por ejemplo, desde que se propuso la creación del juez de sentencia y ninguno de los legisladores que pasaron desde entonces ha tenido tiempo de ocuparse del asunto, tal vez porque nuestra clase gobernante sigue más atareada en preservar espacios en el poder que en lograr el bienestar y el progreso del pueblo.