Se habría malversado en un programa social

Este fin de semana el fiscal federal Carlos Brito estudiará las 600 fojas de datos recibidos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre el funcionamiento del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA).
Brito quiere determinar si en el primer semestre de 2002 hubo defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el canje del efectivo por bonos, las entregas de tickets alimentarios y de bolsones y en aportes a comedores sociales.
El PEA consumió más de $ 1,3 millón por mes. Desde la Nación, el fiscal recibió 567 fojas del expediente donde se volcó toda la información del plan en la provincia, incluyendo la puntualización de fechas y montos de las remesas de dinero enviadas, planillas, rendiciones de cuenta (con las compras realizadas y los proveedores contratados), y numerosos detalles del programa.
También tiene los informes solicitados a los bancos del Tucumán y de la Nación, para conocer el movimiento de las cuentas con los recursos nacionales y de la empresa Luncheon Tickets. La próxima semana, el fiscal dispondría nuevas medidas para profundizar la investigación.