Por Redacción Política
21 Junio 2003
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Los políticos están entorpeciendo la labor de la Justicia. No es un latiguillo de candidato en plena campaña, sino una realidad que acaba de ser documentada. Aparentemente, asistentes sociales contratadas por el Gobierno habrían sido desafectadas y asignadas a cumplir con nuevas tareas hasta una fecha por demás sugestiva, como es la del próximo domingo 29.
La cuestión quedó expuesta en una nota que la hermana Bernardita Enríquez, director del Hogar Escuela Eva Perón y San Luis Gonzaga, le cursó al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri.
En el documento, la religiosa se excusa de poder cumplir con las tareas y de remitir los informes solicitados por el Ministerio Público, "a causa del alejamiento provisorio" de la trabajadora comunitaria que el Poder Ejecutivo destinó a esa entidad. "La única asistente social contratada, perteneciente a la Dirección de Familia, Minoridad, Mujer y Tercera Edad, fue afectada a realizar tareas en esa repartición desde mediados de mayo hasta el 29 de junio", señala la misiva oficial.
Consultado por LA GACETA, De Mitri se mostró preocupado por la situación y anticipó que el lunes, mediante los canales oficiales, cursará una nota al Gobierno requiriéndole información sobre esta disposición.
Coordinación necesaria
"La demanda de asistentes comunitarias que tiene el Ministerio Público es puntual -manifestó De Mitri-. Por ejemplo, desde que se habilitó el ?Teléfono del Niño? recibimos decenas de denuncias a diario y, precisamente, nos hacen falta asistentes que concurran a hacer una primera constatación, que dé pie a la inmediata actuación de las fiscalías".
El miembro de la Junta Electoral provincial puntualizó: "precisamente por esta cuestión, tenía pensado comunicarme el lunes con la Dirección de Familia y Minoridad. La necesidad de coordinar tareas es urgente, sobre todo teniendo en cuenta la situación que se ha suscitado en el Hogar Escuela Eva Perón", puntualizó el funcionario judicial.
El abogado Daniel Heredia, director de Familia y Minoridad de la Provincia, no respondió los llamados de LA GACETA.
La cuestión quedó expuesta en una nota que la hermana Bernardita Enríquez, director del Hogar Escuela Eva Perón y San Luis Gonzaga, le cursó al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri.
En el documento, la religiosa se excusa de poder cumplir con las tareas y de remitir los informes solicitados por el Ministerio Público, "a causa del alejamiento provisorio" de la trabajadora comunitaria que el Poder Ejecutivo destinó a esa entidad. "La única asistente social contratada, perteneciente a la Dirección de Familia, Minoridad, Mujer y Tercera Edad, fue afectada a realizar tareas en esa repartición desde mediados de mayo hasta el 29 de junio", señala la misiva oficial.
Consultado por LA GACETA, De Mitri se mostró preocupado por la situación y anticipó que el lunes, mediante los canales oficiales, cursará una nota al Gobierno requiriéndole información sobre esta disposición.
Coordinación necesaria
"La demanda de asistentes comunitarias que tiene el Ministerio Público es puntual -manifestó De Mitri-. Por ejemplo, desde que se habilitó el ?Teléfono del Niño? recibimos decenas de denuncias a diario y, precisamente, nos hacen falta asistentes que concurran a hacer una primera constatación, que dé pie a la inmediata actuación de las fiscalías".
El miembro de la Junta Electoral provincial puntualizó: "precisamente por esta cuestión, tenía pensado comunicarme el lunes con la Dirección de Familia y Minoridad. La necesidad de coordinar tareas es urgente, sobre todo teniendo en cuenta la situación que se ha suscitado en el Hogar Escuela Eva Perón", puntualizó el funcionario judicial.
El abogado Daniel Heredia, director de Familia y Minoridad de la Provincia, no respondió los llamados de LA GACETA.
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