El crimen podría costarle $ 10 millones al Estado

Las noches se hicieron eternas. Les costaba conciliar el sueño y la depresión era una mala compañera. Cada ruido que provenía de la calle los hacía saltar de la cama; tenían pánico de que algún desconocido entrara a su casa. Así, dicen sus abogados, fue la vida de los hijos del juez Héctor Agustín Aráoz desde la tarde del asesinato. Y ese fue uno de los argumentos sostenidos por los representantes de la acción civil para reclamar una indemnización cercana a los $ 10 millones.

Ayer, pasadas las 11, Pedro Roldán Vázquez, presidente del tribunal, les dio la palabra a los abogados Dolores Leone Cervera y a Benjamín Frías Alurralde. Los letrados se basaron en los informes psicológicos de los nueve hijos de la víctima, y en que Aráoz era el único sostén económico de la familia.

Varios ítems

Leone Cervera detalló el reclamo indemnizatorio: $ 25.300 por los gastos de sepelio y de los tratamientos psicológicos y farmacológicos de los nueve hijos; el lucro cesante de lo que Aráoz hubiera cobrado si seguía siendo juez, teniendo en cuenta el promedio de vida; la pérdida de la chance de ascender a camarista penal, que solicitaron sea calculada en un 20% del lucro cesante; y tres millones de pesos en concepto de daño moral.

Los letrados no dudaron en responsabilizar al Estado provincial por la actuación de cuatro de los imputados, que al momento del hecho eran policías. Y en su reclamo fueron mas allá: pidieron prisión perpetua para Ema Hortensia Gómez y Alejandro Darío Pérez por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento; y 10 años de cárcel para Rodolfo Domínguez, Andrés Fabersani y Rubén Albornoz, como partícipes secundarios.

"Lo mataron con un arma que la Policía le entregó a Pérez, tal como lo confirman las pericias; utilizaron una camioneta que la Justicia le otorgó a Domínguez en guarda judicial para trasladar a Gómez hasta la casa de Yerba Buena; los policías permitieron que ella ingrese y modifique la escena del crimen. Estos hechos responsabilizan al Estado", dijo Leone Cervera.

Los abogados consideraron que Pérez y Gómez no habrían asesinado al juez si no hubieran contado con un acuerdo previo para salir airosos. "Esa garantía se las daba la intervención de Domínguez, Fabersani y Albornoz", dijeron en el alegato.

Según los letrados, las declaraciones de los ex policías de Banda del Río Salí fueron contradictorias. "Hicieron una puesta en escena con el viaje de Gómez hasta la comisaría. Si estaba tan obnubilada por el dolor, como dijo Fabersani, ¿por qué no fue a la comisaría más cercana?", dijo Leone Cervera. "Además, dijo que la consideraba sospechosa, pero la llevaron hasta el lugar del hecho para que plante pruebas y suelte al perro, que lo habían dejado encerrado", dijo la abogada. Por su parte, Frías Alurralde también apuntó duro contra el Estado. "Hubo una mala selección de sus funcionarios. Lo reconoció un ex comisario en este juicio, que afirmó que el mecanismo de ingreso y preparación de la Policía es harto deficiente. Por eso tenemos la Policía que tenemos", expresó el abogado.