La Ley de Lemas sigue vigente en toda su amplitud

La celebración de las elecciones del 29 del corriente ya no corre peligro. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la provincia despejó las dudas que quedaban sobre el sistema de lemas aplicable a los comicios. Por unanimidad, el alto tribunal rechazó la pretensión del abogado Clímaco de la Peña de que se declare inconstitucional la Ley de Lemas.
El caso llegó a la Corte, porque De la Peña y la Provincia -por razones diferentes- dedujeron sendos recursos de inconstitucionalidad en contra del fallo de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta, el 9 de mayo, declaró inconstitucional el artículo 2 de la polémica norma.
La Cámara concluyó que las escasas exigencias previstas en el artículo 2 habían permitido la inscripción de más de 1.800 sublemas. También paralizó cautelarmente el proceso electoral para que la Legislatura dicte una nueva ley que subsane los efectos señalados. Sin embargo, la medida fue levantada a las 24 horas por la propia Corte.
Antonio Gandur, Alberto José Brito, René Goane, Héctor Eduardo Area Maidana y Alfredo Dato fueron terminantes. Recordaron que el artículo 38 de la Constitución nacional considera a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Y esto -sostuvieron- no se ve afectado por la sanción de una ley que "permite la concurrencia de todos los electores, afiliados o no, a participar de comicios con doble voto simultáneo, en los que se vota por el partido y se selecciona a un candidato dentro de este".

Múltiples factores
La Corte también señaló que la proliferación de sublemas no se puede atribuir únicamente al actual diseño del sistema de lemas, sino a "la conjunción de múltiples circunstancias analizables desde variadas perspectivas".
De la Peña -interpondría un recurso extraordinario ante la Corte de la Nación- pretendía que la Justicia dicte la norma bajo la cual debían celebrarse los comicios del 29 si la Legislatura no corregía los errores señalados a la Ley de Lemas. "Esto no sólo invadiría las atribuciones de los otros poderes, sino que traería como consecuencia inseguridad jurídica y la interrupción de un proceso electoral en marcha, además de afectar el derecho de elegir y de ser elegidos", respondieron los vocales.