Concejales dudan sobre la incorporación de barrios a la ciudad

Concejales y referentes políticos de la capital advirtieron que el oficialismo legislativo se apresta a aprobar en la sesión de hoy un proyecto con netos fines electorales, en alusión a la modificación de los límites territoriales de San Miguel de Tucumán.

La iniciativa, que ya fue debatida -aunque sin éxito- en la anterior sesión, prevé la ampliación de la ciudad para permitir el traspaso institucional de los barrios Miguel Lillo I y II, Policial IV y Del Buen Vivir, actualmente dentro de la jurisdicción de la comuna de San Felipe y Santa Bárbara. El argumento de la legisladora Beatriz Avila (PJ) es que esas barriadas no reciben servicios básicos, porque la comuna no cuenta con la capacidad ni los recursos para atenderlos. En un primer momento, el gobernador, José Alperovich, pidió que el proyecto se trate luego de las elecciones para evitar suspicacias. Esto, a raiz de que los barrios se encuentran ubicados en la zona de influencia política de Ávila. Sin embargo, el lunes cambió de opinión y dio vía libre a los legisladores del oficialismo.

"No puedo más que suponer que detrás de esta aparente buena intención, hay fines electoralistas. Los nuevos vecinos serán en potencia 4.500 votos para el 28 de agosto", alertó el edil opositor José Costanzo (Partido Autónomo). Su par Claudio Viña (FR), reclamó la participación del Concejo. "Qué casualidad que a días de las elecciones aflore la sensibilidad de algunos dirigentes. Hay que escuchar la opinión de los concejales también", dijo. En tanto, la referente capitalina de la UCR, Silvia Elías de Pérez, advirtió que la Constitución no permite el cambio territorial. "Sólo una reforma constitucional habilita la modificación de los límites departamentales. Si se aprueba la ley, demandaremos su inconstitucionalidad ante los estrados judiciales", sostuvo la dirigente radical.

Durante la sesión, la Cámara también debatirá un proyecto para expropiar el ex cine Plaza y destinarlo al desarrollo de actividades culturales. De acuerdo con los cálculos del Gobierno, las obras de refacción y puesta a punto del edificio -con capacidad para 1.600 personas- demandarán unos $ 12 millones, mientras que el depósito judicial significará otros $ 8 millones.