El factor confianza brilla por su ausencia en Tucumán. Ese requisito es fundamental para el manejo de los dineros públicos que la sociedad delegó en los funcionarios que gobiernan la Provincia. Dentro de 19 días, los tucumanos le darán crédito al candidato que la mayoría de los electores considere que está apto para dirigir los destinos de un castigado territorio.
La actual gestión, encabezada por Julio Miranda, apeló desde el inicio del mandato a trasladar los problemas financieros y económicos hacia el futuro, hoy convertido en presente. Si bien a Miranda le tocó gobernar durante un período recesivo y con un crack en la economía nacional (fines de 2001), no es menos cierto que buscó recetas fáciles para maquillar su administración y mostrar conducta fiscal a la Nación.
Cuando el ajuste del gasto público era inevitable por la imposibilidad de financiarlo, el Gobierno recurrió a la emisión desmedida de bonos. En el discurso público, Miranda y sus funcionarios decían, año tras año, que si bien no iban a despedir a ningún empleado público, en cambio, se iban a paralizar los nombramientos y las designaciones de personal político con categorías altas. El proyecto de Presupuesto es un fiel reflejo de que esos anuncios quedaron en el olvido y de que la expansión del gasto político no tuvo límites. En otras palabras, la austeridad faltó a la cita.
Los síntomas
Algunos teóricos afirman que gobernar es seleccionar el menor de los males. El actual Gobierno creyó que emitiendo sin control cuasimoneda solucionaría los problemas coyunturales, sin pensar que luego estos se convertirían en estructurales. El primer síntoma de la desconfianza generalizada fue el incumplimiento de las operatorias de canje de bonos por efectivo, y al que se denominó el "corralito de los Bocade". Empresas y particulares (440 afectados) financiaron los gastos estatales con $ 64,5 millones, y recibieron a cambio promesas de pago con títulos públicos, cheques diferidos y una ínfima porción en efectivo. Sin dudas que ese incumplimiento oficial llevó al descenso al Bocade, que venía sosteniéndose desde hace más de una década y media.
La ayuda de la Nación, con el Plan de Unificación Monetaria, contribuyó a paliar los yerros de gestión y retirar de circulación los Bocade. Pero abrió un fuerte compromiso financiero que deberá soportar la Provincia durante la próxima década: el pago de crédito de $ 240 millones que se descontará mensualmente de los fondos de la coparticipación a partir de 2004.
El segundo corralito afectó a millares de empleados públicos, inversores, empresas y proveedores. Algunos de ellos, desde febrero de 2002, esperan un bono garantizado por la Nación que se amortizará en los próximos 16 años. Otros, en cambio, tienen ahora la posibilidad de recibir otro instrumento denominado Bono de Consolidación de Empréstitos Públicos (Consadep) que será avalado por la Provincia; se desconoce el riesgo que significará su tenencia por parte del titular.
Sólo con estos dos ejemplos puede llegarse a la conclusión de que es urgente que la actual administración de gobierno corrija el rumbo para no terminar el año con un desequilibrio fiscal que ponga en riesgo la paz social. Esta política de Estado en materia económica y financiera no debe ajustarse sólo a pagar los sueldos de los empleados públicos en tiempo y en forma. La restauración de la confianza dependerá fundamentalmente de la conducta de los funcionarios salientes y de los gobernantes que resulten electos el 29 de junio. Los primeros tendrán que pilotear el barco hasta fines de octubre y reafirmar la voluntad de pago de sus deudas. Los otros (los electos) deberán marcar las pautas de acción para que la transición institucional y política no termine afectando a 1,3 millón de ciudadanos, como sucedió en períodos anteriores.
