La revisión de la política exterior

Entre las novedades que está deparando la llegada al poder del nuevo gobierno, una de las más trascendentes es la revisión de la política exterior. Es decir, del posicionamiento que la Nación habrá de asumir en el concierto internacional, a la luz de un inestable y, por momentos, conflictivo panorama mundial, así como de los propios problemas.
Entre estos, fundamentalmente, la inestabilidad jurídica y el fuerte endeudamiento, agravado por la declaración de insolvencia, que ha provocado la paralización del crédito. La política exterior de un país soberano debe dar, en primer término, previsibilidad al cumplimiento de sus compromisos, más allá de la duración de los gobiernos, por lo que ha de ser concebida como una política de Estado; o sea, mantenida en el tiempo por el común acuerdo de los factores de poder que se conjugan en un sistema institucional.
A partir de la década de los 90, nuestra política exterior fue definida desde la visión de un solo partido, el justicialista, con excepción de los dos años de la Alianza, durante los que tuvo limitadas variantes.
A pesar de esa circunstancia, sus cambios fueron tan profundos que sólo se explican por la crisis que afectó al PJ, hasta el punto de exacerbar los personalismos que impidieron concurrir a las elecciones presidenciales con una fórmula común. En esa década, la política exterior -se dice así- fue la de Carlos Menem; durante el gobierno de transición, la de Eduardo Duhalde, y desde el 25 de mayo último es la de Néstor Kirchner.
Esa identificación personalista se transmite comúnmente al análisis de las políticas internacionales de Brasil o Chile, atribuidas a los presidentes Lula o Lagos, como si no fueran políticas de Estado que, en ambos casos, se caracterizan por la continuidad de gestión.
No importa que el actual mandatario brasileño provenga de un partido muy diferente de los que le precedieron, o que el chileno, también socialista, sea el sucesor de un conservador. Sus políticas externas son las de sus naciones y así se los ve confiadamente en el mundo.
No ocurre lo mismo con la Argentina, y la incertidumbre se agrava al observarse que es el mismo partido el que reprocha severamente la política internacional que apoyó en su momento desde el Congreso, en temas tan criticados ahora como la presencia de la Armada nacional en la guerra del Golfo Pérsico, la política de seducción con la población malvinense, o el cambio de la doctrina sobre derechos humanos en Cuba, por señalar tan sólo los casos más referenciales.
"La Argentina va a ser seductora, sin necesidad de decirlo, si es un país serio y predecible, responsable y equitativo", ha dicho el canciller Rafael Bielsa a propósito de esa política ciclotímica con nombres y apellidos, más propia de un anacrónico principado que de un país donde el protagonismo exterior es un compromiso compartido y permanente de todos los factores políticos.
Tampoco puede ser una brújula para desplazarse con certeza en el escenario internacional el sentimiento negativo de lo "anti", que ha pervertido durante largo tiempo las relaciones políticas del país en el orden interno, tratando de buscar culpas ajenas para los propios errores.
Por la misma razón, la política exterior no debe expresarse mediante la terminología destemplada que en algunos discursos oficiales de las primeras semanas del nuevo gobierno pudo advertirse. Son los hechos racionales, por convenientes para los intereses del país, los que deben privar en las definiciones, con la convicción de que, igualmente, son los Estados soberanos los que se comprometen y no los ocasionales ejecutores de políticas nacionales.