El PE busca un legislador para integrar la junta

No sólo los fallos judiciales bañan de incertidumbre la integración de la Junta Electoral Provincial (JEP). También las apetencias políticas condicionarán la conformación del estratégico órgano que, el 28 de agosto, fiscalizará las elecciones locales.

En Casa de Gobierno ya se percataron de la curiosa situación y comenzaron a estudiar alternativas para sortear la coyuntura. Ocurre que, según la Constitución provincial de 2006, la Junta Electoral debe ser integrada por el titular de la Corte Suprema tucumana, por el vicegobernador, y por el fiscal de Estado (funcionario del Poder Ejecutivo).

El principal problema a resolver es que el vicegobernador (en uso de licencia), Juan Manzur, es candidato a la reelección como compañero de fórmula del gobernador, José Alperovich. En ese caso, el actual ministro de Salud de la Nación debería excusarse de integrar la JEP. A partir de ahí, se abre una lista de sucesión tan extensa como la nómina de autoridades y de comisiones permanentes de trabajo que existen en el Poder Legislativo.

Nadie cede

El reemplazante natural del vicegobernador es el presidente subrogante de la Cámara. Pero Regino Amado también buscará su reelección como legislador por la lista oficial del Frente para la Victoria, en la sección Oeste.

Detrás suyo aparecen el vicepresidente primero, Armando Cortalezzi, y el vice segundo, Manuel Fernández. Ambos se postularán para otro mandato por la Capital y por el Este, respectivamente. Cortalezzi lidera el acople denominado Frente Provincial y Fernández ocupará un lugar en la nómina oficial.

En consecuencia, Amado, Cortalezzi y Fernández tampoco podrían integrar el órgano que custodiará el normal desarrollo de las elecciones provinciales.

Según el artículo 23 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los presidentes de las comisiones son reemplazantes de los vicepresidentes. Y en ausencia de todos ellos, los vicepresidentes de comisiones en el mismo orden. Dado el caso de ausencia de todos ellos, la norma estipula que el reemplazo recaiga en el parlamentario de mayor edad.

Lo llamativo es que existen 23 comisiones permanentes y todas son presididas por legisladores del oficialismo que, según entienden en el Palacio Gubernamental, con mayor o menor protagonismo figurarán en las listas de candidatos. Según el orden de jerarquía preestablecido (artículo 57 del reglamento interno), el primer reemplazante sería el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales: Antonio Raed.

El abogado figura en el quinto lugar del acople que lidera Cortalezzi. No obstante, en los pasillos de la Casa de Gobierno barajan la posibilidad de pedirle al dirigente capitalino que desista de su postulación. Como contrapartida, Raed podría pasar a integrar el gabinete alperovichista en caso de que haya un tercer mandato.

Ante una consulta de LA GACETA, Raed admitió haber escuchado esas versiones, pero aclaró que no recibió ninguna propuesta formal del Gobierno. "Nadie me habló, solamente escuché el rumor. No sé qué pensarán hacer", afirmó el legislador, que no se mostró disgustado con la idea. Si Raed desistiera del ofrecimiento que se teje en el antedespacho del gobernador, el orden sucesorio seguiría con las comisiones de Legislación General (Carolina Vargas Aignasse), Hacienda (José Alberto Cúneo Vergés), Peticiones y Acuerdos (José Orellana) y Legislación Social (Alfredo Quinteros), entre otros. Todos estos legisladores van por su reelección.

Sin embargo, más allá de la incertidumbre política, también en los tribunales se juega el futuro de la Junta Electoral Provincial. Precisamente, la actual composición del órgano -estipulada en el inciso 14 del artículo 43 de la Carta Magna- fue declarada nula e inconstitucional por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello concluyeron en su fallo que el reemplazo del ministro fiscal de la Corte por el fiscal de Estado alteró el equilibrio que debe tener la junta electoral. El Gobierno apeló la sentencia, pero los camaristas aún no resolvieron si aceptan o deniegan el recurso de casación interpuesto por el Ejecutivo.