Defender nuestro azúcar

La propuesta que, según trascendió, habría hecho el presidente del Brasil al de la Argentina, de que la industria azucarera se dedique a fabricar alcohol y no azúcar, ha suscitado el imaginable repudio y la alarma de todos los sectores de Tucumán. No es para menos, cuando se tiene en cuenta que -como lo ha hecho notar el Centro Azucarero Argentino- esa tesitura colocaría a nuestra actividad en una inadmisible dependencia directa con aquel país, y lo convertiría en el regulador de nuestro mercado.
Ya se sabe dónde reside el núcleo de la cuestión, que hemos tratado en otras oportunidades. Con una producción azucarera de 23 millones de toneladas, que se beneficia con un tercio de las ventas mundiales del producto, el Brasil posee un sistema mixto de producción de azúcar y de alcohol, que está alentado por importantes subsidios. Estos se orientan a la fabricación y venta de automotores que funcionan exclusivamente en base al carburante extraído de la caña. Su afán de expandir las ventas hacia la Argentina tiene, hasta ahora, la valla de los aranceles a la importación contenidos en la Ley de Protección del Azúcar, que se sancionó en marzo último por insistencia de los dos Cámaras del Congreso, y a pesar de la presión que algunos sectores interesados -como los vinculados a la fabricación de golosinas- ejercían en sentido contrario. Cabe recordar que la medida proteccionista no resultó en absoluto del agrado del Brasil, y que inclusive se habló de la posibilidad de represalias comerciales contra nuestro país por esa causa. Esos rumores fueron desmentidos oficialmente por nuestro poderoso vecino: el vicecanciller brasileño expresó, en abril, que era propósito de su país afianzar el Mercosur, y que un proyecto de esa significación no iba a construirse a través de represalias. Al comentar oportunamente dicha postura conciliatoria, dijimos que era el acertado reconocimiento de que el sistema del Mercosur necesitaba, para su vitalidad y eficacia, tener siempre en cuenta ciertas cuestiones esenciales de la economía de sus integrantes. Entre ellas estaba el azúcar. La superación de las diferencias acerca de la referida temática, consignamos, debían ser superadas en una mesa de diálogo que buscara sinceramente los caminos de conciliación.
No constituye, por cierto, ese camino, colocar a la actividad azucarera en la situación de dependencia que entraña la insólita propuesta del Brasil. Nuestro país está produciendo actualmente azúcar de modo eficiente y desregulado. Lo que requiere la actividad -como lo expresamos en otras ocasiones- es un plan de largo alcance, cuyas estipulaciones se traduzcan en seguridad y en sustentabilidad, única manera de encauzar definitivamente una industria cuya importancia notoria para quienes habitan esta región de la Argentina no necesita ponderarse. Ese plan no puede consistir en transformarnos en meros productores de alcohol y abrir las puertas al libre ingreso del azúcar extranjero.
Ello nos colocaría en una desventajosa situación. Otorgaríamos al Brasil un control sobre nuestra industria que, de ninguna manera, puede ser conveniente a nuestros legítimos y bien entendidos intereses.
En casos como este, resulta de fundamental importancia la unión del Gobierno y de las fuerzas vivas de Tucumán y la región, para esclarecer la situación ante las máximas autoridades nacionales, por si ellas no hubieran tomado el debido peso del asunto. Corresponde entonces que presentemos un cerrado frente común, para conjurar posibilidades que no podemos aceptar. Urge insistir en la necesidad de que las economías regionales sean defendidas por nuestro Gobierno ante un desacertado criterio foráneo.