BUENOS AIRES.- Mientras el Gobierno anunciaba su plan integral contra la evasión tributaria, tomaba estado público otro de los decretos postreros del ex presidente Eduardo Duhalde por el cual se aliviaban hasta límites de excepción las deudas previsionales a los clubes de fútbol. Se trata de 150 millones de pesos por los que dichas instituciones se hallan embargadas; el decreto mencionado dispone quitas y nuevos plazos que pueden hacer ilusorio en el tiempo el cobro total de lo adeudado. Entre los fundamentos de ese decreto se señala que dichas instituciones "han contribuido al proceso formativo del hombre" y son "complemento indispensable para la educación formal". Una consulta de este panorama dejó en claro que la medida está vigente y no será rectificada. El caso de Racing es el más grave, pues su deuda asciende a cinco millones que ahora no serán ejecutados, cualquiera que sea su situación judicial. No es la primera vez que se arbitran medidas parecidas para salvar irregularidades administrativas de esa naturaleza, pero la coincidencia de aquel anuncio oficial ha marcado otro de los contrastes de la realidad nacional.
El alejamiento del flamante procurador del Tesoro, Carlos Sánchez Herrera, por haber sido abogado defensor del general (R) Juan Bautista Sasiaiñ, procesado por apropiación de bebés durante la dictadura, ha revuelto el avispero en los foros jurídicos y académicos. La sorpresa por esa decisión ha provocado en todos los casos una respuesta similar, donde se enfatiza el principio ético y constitucional del derecho a la defensa profesional. Especialmente el constitucionalista Gregorio Badeni ha planteado el caso de los médicos que atienden la salud de un delincuente.
Años duros
Por su parte, Roberto Durrieu, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, afirma que esa situación retrotrae a los años más duros de la intolerancia, a la vez que la considera discriminatoria, en la medida en que el nuevo secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue defensor en su momento de quienes asesinaron al general Juan Carlos Sánchez, padre, precisamente, del alejado procurador del Tesoro. Otros juristas, como Adolfo Casabal Elías, afirman que mientras quienes tuvieron alguna vinculación con el Proceso reciben penalidades severas, no ocurre lo mismo con los relacionados con la guerrilla. Los casos de Sánchez Herrera y Duhalde -sin parentesco con el ex presidente- evidencian hasta qué punto sigue siendo muy complejo el debate sobre la realidad de los años 70.
Es por ello que dejan sin racionalidad la afirmación del vocero presidencial, Miguel Núñez, de que la presencia del primero en el actual gobierno no se corresponde con los principios éticos oficiales. Ningún funcionario que haya tenido que ver con lo ocurrido durante la dictadura, ha dicho el vocero, puede formar parte de la actual administración. Después de doce años de colaborar con él en Santa Cruz, el Presidente ha venido a tener conocimiento de esa defensa judicial que en su momento fue pública y notoria (De nuestra Sucursal)
