18 Junio 2003 Seguir en 
La Justicia Federal condenó ayer a Martín Alberto Castillo, oriundo de Aguilares, a la pena de tres años de prisión por encontrarlo culpable del delito de tenencia simple de estupefacientes.
Castelli, alias "Negro, Martín o Tatú", fue detenido en agosto de 2000, cuando la Policía Federal halló en su domicilio 24 "porros", dos bolsitas con marihuana, un envoltorio con cocaína, tres macetas con plantas de canabis sativa (marihuana) y diversos elementos utilizados para el armado y el fraccionamiento de las sustancias, como papel glasé, papel para fumar y una balanza.
La investigación se inició a partir de una denuncia efectuada por Pablo Nieva en la comisaría de Aguilares, departamento Río Chico. Nieva dijo que una noche recibió amenazas de muerte para él y sus familiares de parte de cinco sujetos que viajaban en un auto, quienes le habrían manifestado que lo iban a matar si seguía "buchoneando a la yuta". Nieva aclaró que la amenaza se vinculaba a un comentario que él le había formulado a un suboficial de la Federal en relación con una banda que vendía drogas.
El juez Ricardo Maturana tomó conocimiento de la situación y además fue informado por los investigadores de que en Aguilares un grupo de unos 40 jóvenes, de entre 20 y 30 años, de los barrios San Nicolás e Independencia, estaba comercializando marihuana y cocaína. Por esa razón el magistrado ordenó diversos allanamientos.
Ayer, durante el juicio, el fiscal Alfredo Terraf solicitó la pena de cuatro años de prisión para el imputado, acusándolo del delito de comercialización de drogas, mientras que el defensor Ciro Lo Pinto había pedido al Tribunal una pena menor, por tenencia de estupefacientes para consumo.
Castelli, alias "Negro, Martín o Tatú", fue detenido en agosto de 2000, cuando la Policía Federal halló en su domicilio 24 "porros", dos bolsitas con marihuana, un envoltorio con cocaína, tres macetas con plantas de canabis sativa (marihuana) y diversos elementos utilizados para el armado y el fraccionamiento de las sustancias, como papel glasé, papel para fumar y una balanza.
La investigación se inició a partir de una denuncia efectuada por Pablo Nieva en la comisaría de Aguilares, departamento Río Chico. Nieva dijo que una noche recibió amenazas de muerte para él y sus familiares de parte de cinco sujetos que viajaban en un auto, quienes le habrían manifestado que lo iban a matar si seguía "buchoneando a la yuta". Nieva aclaró que la amenaza se vinculaba a un comentario que él le había formulado a un suboficial de la Federal en relación con una banda que vendía drogas.
El juez Ricardo Maturana tomó conocimiento de la situación y además fue informado por los investigadores de que en Aguilares un grupo de unos 40 jóvenes, de entre 20 y 30 años, de los barrios San Nicolás e Independencia, estaba comercializando marihuana y cocaína. Por esa razón el magistrado ordenó diversos allanamientos.
Ayer, durante el juicio, el fiscal Alfredo Terraf solicitó la pena de cuatro años de prisión para el imputado, acusándolo del delito de comercialización de drogas, mientras que el defensor Ciro Lo Pinto había pedido al Tribunal una pena menor, por tenencia de estupefacientes para consumo.
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