Investigan anomalías en la cesión de planes en la Anses

La jefa de la Unidad de Atención Integral de la Anses, Celia Elli, fue detenida ayer por orden de la Justicia Federal. La acusación que pesa sobre la funcionaria nacional es defraudación en perjuicio de la administración pública, por el manejo presuntamente irregular de los beneficios que otorga el organismo. La Justicia investiga, entre otros casos, el otorgamiento de pensiones y jubilaciones a nombre de personas fallecidas.
Mientras efectivos de la Policía Federal leían a Elli sus derechos constitucionales en el mismo edificio de la Anses, otro grupo realizaba distintos allanamientos a domicilios particulares del Gran San Miguel de Tucumán en procura de más pruebas sobre el presunto ilícito. En ese marco también fueron arrestados dos hombres que estarían vinculados a la funcionaria.
El procedimiento en la Anses fue desarrollado con discreción, al punto que la mayoría de las personas que se encontraban en el lugar no se percató del operativo. Un móvil trasladó a la delegación hasta el destacamento de la Policía Federal. Al parecer, según trascendió de fuentes judiciales, la mujer se valía de su trabajo en la Anses para obtener, junto a un conocido que operaba "desde afuera", jubilaciones y pensiones "truchas" por montos que, si bien no trascendieron, significarían una importante suma de dinero.

Pesquisa a cargo de Ferrer
La causa está siendo investigada desde hace meses por el fiscal federal Emilio Ferrer, quien requiere las medidas de mayor trascendencia (como declaraciones de imputados, procesamientos, allanamientos o detenciones) al juez federal Jorge Parache.
La gerente local de la Anses, Viviana Bernacchi, se limitó a aclarar que ella no tenía nada para decir. "Los cargos son contra una persona y no contra el organismo nacional", declaró. En la Justicia Federal hay más de una decena de denuncias sobre irregularidades de distinto tipo en la Anses, como el otorgamiento de jubilaciones en forma ilegal; el pago de asignaciones familiares que no llegaban al bolsillo de los trabajadores o que eran aprovechadas por los patrones; o trámites sustanciados de modo irregular. Incluso, se busca determinar la existencia de Documentos Nacionales de Identidad falsificados, que serían utilizados en las maniobras delictivas.
La pesquisa judicial apunta también a determinar si existen vínculos entre Elli e implicados en otras causas, como Javier Anselmo Juárez, de Simoca.
Además, los fiscales federales Ferrer y Carlos Brito impulsan una veintena de expedientes relacionados con el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, por el presunto otorgamiento indebido de los beneficios a personas con trabajo o sin hijos, o a los dos cónyuges del mismo grupo familiar, entre otros casos.