La designación de jueces

Mientras en la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para plantear ante el Senado el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, los senadores apuran una fórmula prestigiosa capaz de asegurar la calidad de las designaciones del eventual sucesor y, acaso, de otros ministros del máximo tribunal. Esa legítima preocupación que exhibe hoy el Congreso es fruto de la fundada desconfianza pública con que, desde hace muchos años, es observada la gestión de la Corte, y de la que no todos sus integrantes han sido o son merecedores. En el caso del tribunal supremo, la Constitución determina que esos nombramientos son realizados por el Presidente de la Nación, pero requieren el acuerdo del Senado por votación de dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Esta última condición de publicidad fue establecida en la reforma constitucional de 1994, pero no ha sido observada hasta el momento en ninguna oportunidad. Dicho sistema es el más probado en las democracias mejor organizadas y confiables, lo que no ocurre en nuestro caso.
La metodología que en definitiva se adopte no podrá eludir ese régimen, por lo que tan sólo se tratará de prestar asesoramiento creíble al Presidente y al Senado. En el caso de otros jueces, corresponde que el Consejo de la Magistratura proponga al jefe del Gobierno una terna para cada cargo, que es vinculante y requerirá igualmente el acuerdo de dos tercios de los senadores en sesión pública. ¿Qué ha ocurrido entre nosotros que un régimen tan generalizado y tradicional internacionalmente es merecedor de tanta desconfianza? Se trata del interrogante cuya respuesta se elude donde debiera darse.
La razón no es otra que la deteriorada respetabilidad política que desde hace mucho tiempo ha puesto en tela de juicio la calidad representativa del Congreso y, en este caso, del Senado; una condición que seguramente no merecen todos los que ocupan bancas o pasaron por ellas, pero sí las mayorías que postergaron sus responsabilidades públicas para favorecer compromisos o deudas políticas.
Es lógico que también por la deteriorada imagen de la Corte el Senado se deba una autocrítica, y no menos paradójico es que sea el responsable de hallar un procedimiento para compensar sus graves comportamientos. Tras esa realidad ineludible aparece, como siempre que deben analizarse las responsabilidades de los poderes públicos en la crisis, la baja calidad selectiva de nuestro régimen representativo.
Mientras esta subsista, de poco servirán las alternativas complementarias de asesoramiento, por más que en tiempos de urgencias como el presente puedan coadyuvar a soluciones temporarias que, como en este caso, constituyen cambios para que lo esencial perdure.
Y lo esencial es una profunda reforma política que transparente el sistema representativo. Seguramente que, como ya han advertido quienes proponen esas alternativas complementarias del régimen constitucional, las audiencias públicas son riesgosas en la medida en que pueden suscitar injustas descalificaciones y el consabido amarillismo del periodismo marginal. Igualmente lo sería dar participación a quienes no están en condiciones de considerar problemas tan complejos y especializados como la designación de un ministro de la Corte. Un error en ese orden no haría sino agregar nuevas desconfianzas a las que ya afectan a las designaciones para el máximo tribunal y que tan sólo hace pocos meses volvieron a dar ejemplo de contradecir lo que se dice con lo que se hace. Ese asesoramiento que debe legitimar públicamente las decisiones del Presidente y del Senado deberá limitarse a sectores muy idóneos y calificados, como referentes de la sociedad sobre la acción de los poderes públicos.