15 Abril 2011 Seguir en 
La decisión presidencial muestra, a las claras, que lo que está haciendo el Estado nacional es cambiar las reglas de juego que el mismo fijó. Esto, desde el punto de vista económico, constituye un desaliento para la inversión y, por lo tanto, hipoteca el bienestar económico. Mucho más grave que la lectura económica es el avasallamiento de la República. Tenemos un Congreso que está en pleno período ordinario de sesiones y, sin embargo, el Poder Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia (DNU), por el que reclama más participación del Estado en el directorio de las empresas privadas.
Como ciudadano, uno puede pensar que el Gobierno no necesita del Parlamento, que está decidido a gobernar por decreto porque piensa que las cámaras no le aprobarán los proyectos que envíe. Si esa es la lógica oficial, entonces cabe decir "cierren el Congreso y nos ahorramos plata". O, en todo caso, cualquiera puede pensar que no es necesario votar porque el Gobierno no quiere representantes del pueblo y que está decidido a elegirlos por decreto. Esto es el avasallamiento. Se resigna calidad institucional y así no hay progreso.
Ahora bien, decir que se toman estas medidas porque los balances de las empresas están cerrando, no suena lógico. Hace un año sabían esto y hasta se puede vislumbrar cuándo cierra el próximo. Los antecedentes no ayudan a creer que en la buena voluntad del Gobierno. Por caso, Guillermo Moreno atropelló a directores de empresas y el Ejecutivo no lo reprendió; más bien lo apañó. Ningún empresario puede estar tranquilo ante esto porque no sabe si el nuevo director tendrá las mismas conductas que Moreno. Entonces, la empresa suma un factor de incertidumbre.
El incentivo para invertir en la Argentina, en suma, será mucho menor y esto es perjudicial para los accionistas privados de las empresas que observarán el temor que tienen los inversores. Y dará pérdidas para todos los argentinos con medidas que implicarán menor inversión futura y, en consecuencia, menos empleos. (Especial para LA GACETA)
Como ciudadano, uno puede pensar que el Gobierno no necesita del Parlamento, que está decidido a gobernar por decreto porque piensa que las cámaras no le aprobarán los proyectos que envíe. Si esa es la lógica oficial, entonces cabe decir "cierren el Congreso y nos ahorramos plata". O, en todo caso, cualquiera puede pensar que no es necesario votar porque el Gobierno no quiere representantes del pueblo y que está decidido a elegirlos por decreto. Esto es el avasallamiento. Se resigna calidad institucional y así no hay progreso.
Ahora bien, decir que se toman estas medidas porque los balances de las empresas están cerrando, no suena lógico. Hace un año sabían esto y hasta se puede vislumbrar cuándo cierra el próximo. Los antecedentes no ayudan a creer que en la buena voluntad del Gobierno. Por caso, Guillermo Moreno atropelló a directores de empresas y el Ejecutivo no lo reprendió; más bien lo apañó. Ningún empresario puede estar tranquilo ante esto porque no sabe si el nuevo director tendrá las mismas conductas que Moreno. Entonces, la empresa suma un factor de incertidumbre.
El incentivo para invertir en la Argentina, en suma, será mucho menor y esto es perjudicial para los accionistas privados de las empresas que observarán el temor que tienen los inversores. Y dará pérdidas para todos los argentinos con medidas que implicarán menor inversión futura y, en consecuencia, menos empleos. (Especial para LA GACETA)
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