La postulación de Bussi genera otro capítulo judicial

Finalmente, Fuerza Republicana (FR) atacó la sentencia de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta le ordenó a la Junta Electoral que sustancie la impugnación planteada por los organismos de derechos humanos en contra de la postulación de Antonio Bussi a la intendencia de la capital, por falta de idoneidad moral para desempeñar un cargo público. La objeción se basa en la actuación del ex gobernador durante la última dictadura militar.
En un escrito de 80 fojas, el propio Bussi -con el patrocinio de Javier Morof- interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del fallo, aunque finalmente desistió de la alternativa de pedir en forma paralela un salto de instancia procesal (per saltum) para que sea la Corte Suprema de Justicia la que se avoque al tema.
El titular de FR aseveró que la sentencia objetada es arbitraria. "Omite indicar razonadamente cuáles son los fundamentos que le confieren carácter operativo al artículo 16 de la Constitución nacional (establece la igualdad ante la ley y la idoneidad como único requisito para la obtención de un empleo). Merece la tacha de arbitraria, ya que la conclusión a la que arriba reposa en fundamentos tan sólo aparentes", dijo.
FR, como partido y mediante su abogado, Morof, se adhirió a la presentación de Bussi.
El tribunal le devolvió a Morof la opinión del constitucionalista Gregorio Badeni, que adjuntó a los escritos y con la que pretendió avalar su convicción de que Bussi reúne todos los requisitos para ser candidato a intendente.

Estudian una respuesta
La sala que preside Rodolfo Novillo ya corrió traslado de la presentación, por diez días, a los abogados de los organismos de derechos humanos, Virginia Duffy y Gabriel Pereira. Estos contestarán durante esta semana. Luego, el tribunal resolverá si es admisible el recurso, en cuyo caso elevarán las actuaciones a la Corte Suprema para que resuelva. Si deniegan la habilitación del planteo, FR podría interponer una queja ante la Corte.
La Provincia, mediante Fiscalía de Estado, efectuó una presentación, pero al solo efecto de que las costas del juicio se impongan a las partes por su orden.
En la Corte Suprema causó malestar la forma en que la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo notificó al titular de la Junta Electoral -también lo es de la Corte-, Antonio Gandur, de la decisión de no ampliar una medida cautelar solicitada por los organismos de derechos humanos. Al parecer, la cédula en que se ratificó que Bussi sigue siendo candidato precario (sobre quien pesa una impugnación que debe resolverse) fue pegada en una de las paredes del alto tribunal.