Por Redacción Política
05 Abril 2011
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Una versión ventilada en los pasillos de la Legislatura ha activado la alarma en el Colegio de Abogados de la Capital. Ayer, sin dilación, las autoridades de esa entidad han repudiado categóricamente a los parlamentarios que en la última sesión deslizaron extraoficialmente que consideraban avalar un proceso de remoción contra el magistrado Carlos Giovanniello, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Representantes de los letrados atribuyeron aquellos comentarios a la intención de amedrentar a un juez que recientemente falló -junto al vocal Rodolfo Novillo- en perjuicio de los intereses del Gobierno en el expediente impulsado por el Movimiento Popular Tres Banderas (causa "MP3"). Dicho planteo derivó en la declaración de nulidad absoluta e inconstitucionalidad de dos cláusulas incorporadas a la Constitución de Tucumán por la reforma de 2006: la Junta Electoral Provincial (JEP) con mayoría del poder político y la prohibición de exigir licencia previa a los comicios al funcionario que se presenta como candidato.
"Esta presión se traduce, según información periodística no desmentida por quienes las efectuaron, en manifestaciones tales como que se trata de un fallo donde habría intereses políticos, que estamos ante una dictadura de los jueces, y en la amenaza de sustanciar un juicio político contra Giovanniello", expresaron en una nota los letrados Eudoro Aráoz y Jorge Contrera, presidente y secretario del Colegio de Abogados de la Capital. Los profesionales acusaron a parlamentarios afines al gobernador José Alperovich (sin identificarlos expresamente) de intentar desprestigiar y disciplinar a los miembros de la Sala II y, elípticamente, de notificar a los magistrados de la provincia de que no deben interferir en cuestiones vinculadas al poder político.
En su reivindicación, los abogados han pedido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que se manifieste públicamente en defensa de la independencia del Poder Judicial. "Y que, en ese sentido, observe la permanente conducta (de defensa de la magistratura ante los avances de la política) adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", expresaron.
Mala intención
En la sesión del jueves pasado, legisladores oficialistas recibieron a las escribanas Adriana Erpen y María Victoria Correa Monterrubio, que acusan a Giovanniello de haber fallado con presuntar arbitrariedad en la judicialización del concurso público de registros notariales, lo que les impidió ejercer como escribanas públicas, respectivamente, en Las Talitas y en Alberdi.
Las profesionales, consultadas por LA GACETA, manifestaron que "todavía" no saben si presentarán un pedido de remoción contra Giovanniello.
Pese a los rumores, el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, desmintió de manera terminante que el oficialismo piense en impulsar un proceso de destitución de magistrado alguno. "El Gobierno no va a pedir ni va a motorizar ningún planteo al respecto. Es una locura pretender que vamos a tomar represalías políticas contra un pronunciamiento judicial. Las presentaciones que puedan hacer terceros contra fallos que consideren perjudiciales de ninguna manera pueden ser adjudicados al oficialismo", aseveró.
Precisamente, el legislador Sisto Terán descartó que hubiese un proyecto firme en tal sentido. "Ningún juez tiene una causa pendiente en la Comisión de Juicio Político. No hay ninguna presentación. Lo único que hubo y hay es mala intención", manifestó Terán a este diario.
El parlamentario alperovichista, que preside la Comisión de Juicio Político, tildó de "absurda" la posición del Colegio de Abogados. "Los letrados dicen reiteradamente que el Ejecutivo se entromete en los asuntos de la Justicia. Pero, como decía Juan DomingoPerón, la única verdad es la realidad: el Gobierno siempre se allanó a las resoluciones de los jueces", evaluó Terán. Luego, recordó el pedido de juicio político contra el vocal de la Corte René Goane, que impulsó Gumersindo Parajón en 2008: "se dijo que el Gobierno lo quería sacar (al magistrado) y ni siquiera se dio trámite a la denuncia".
Representantes de los letrados atribuyeron aquellos comentarios a la intención de amedrentar a un juez que recientemente falló -junto al vocal Rodolfo Novillo- en perjuicio de los intereses del Gobierno en el expediente impulsado por el Movimiento Popular Tres Banderas (causa "MP3"). Dicho planteo derivó en la declaración de nulidad absoluta e inconstitucionalidad de dos cláusulas incorporadas a la Constitución de Tucumán por la reforma de 2006: la Junta Electoral Provincial (JEP) con mayoría del poder político y la prohibición de exigir licencia previa a los comicios al funcionario que se presenta como candidato.
"Esta presión se traduce, según información periodística no desmentida por quienes las efectuaron, en manifestaciones tales como que se trata de un fallo donde habría intereses políticos, que estamos ante una dictadura de los jueces, y en la amenaza de sustanciar un juicio político contra Giovanniello", expresaron en una nota los letrados Eudoro Aráoz y Jorge Contrera, presidente y secretario del Colegio de Abogados de la Capital. Los profesionales acusaron a parlamentarios afines al gobernador José Alperovich (sin identificarlos expresamente) de intentar desprestigiar y disciplinar a los miembros de la Sala II y, elípticamente, de notificar a los magistrados de la provincia de que no deben interferir en cuestiones vinculadas al poder político.
En su reivindicación, los abogados han pedido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que se manifieste públicamente en defensa de la independencia del Poder Judicial. "Y que, en ese sentido, observe la permanente conducta (de defensa de la magistratura ante los avances de la política) adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", expresaron.
Mala intención
En la sesión del jueves pasado, legisladores oficialistas recibieron a las escribanas Adriana Erpen y María Victoria Correa Monterrubio, que acusan a Giovanniello de haber fallado con presuntar arbitrariedad en la judicialización del concurso público de registros notariales, lo que les impidió ejercer como escribanas públicas, respectivamente, en Las Talitas y en Alberdi.
Las profesionales, consultadas por LA GACETA, manifestaron que "todavía" no saben si presentarán un pedido de remoción contra Giovanniello.
Pese a los rumores, el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, desmintió de manera terminante que el oficialismo piense en impulsar un proceso de destitución de magistrado alguno. "El Gobierno no va a pedir ni va a motorizar ningún planteo al respecto. Es una locura pretender que vamos a tomar represalías políticas contra un pronunciamiento judicial. Las presentaciones que puedan hacer terceros contra fallos que consideren perjudiciales de ninguna manera pueden ser adjudicados al oficialismo", aseveró.
Precisamente, el legislador Sisto Terán descartó que hubiese un proyecto firme en tal sentido. "Ningún juez tiene una causa pendiente en la Comisión de Juicio Político. No hay ninguna presentación. Lo único que hubo y hay es mala intención", manifestó Terán a este diario.
El parlamentario alperovichista, que preside la Comisión de Juicio Político, tildó de "absurda" la posición del Colegio de Abogados. "Los letrados dicen reiteradamente que el Ejecutivo se entromete en los asuntos de la Justicia. Pero, como decía Juan DomingoPerón, la única verdad es la realidad: el Gobierno siempre se allanó a las resoluciones de los jueces", evaluó Terán. Luego, recordó el pedido de juicio político contra el vocal de la Corte René Goane, que impulsó Gumersindo Parajón en 2008: "se dijo que el Gobierno lo quería sacar (al magistrado) y ni siquiera se dio trámite a la denuncia".
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