Los zapatos del Gobierno cobijan una piedra que hinca en forma aguda desde hace casi dos años: los trabajadores autoconvocados de la salud. Desde un primer momento, el Poder Ejecutivo echó mano a diversas tácticas para callar sus reclamos: los ministros estamparon su nombre en vano en un acta, que incumplieron; azuzó la agremiación del sector, pese a que un grupo advertía que se buscaba dividir; hizo circular una resolución por los centros de salud, que expresaba que la interrupción del servicio de salud era causal de sanción; llenó los hospitales de policías; quiso sacarse del medio a Carim Asus, al no renovarle el contrato. Pero nada; ellos siguen ahí. A veces son más, a veces, menos; pero están, con los mismos reclamos de siempre: salarios y condiciones laborales dignas, para el camillero, para la enfermera, para el profesional, para los pacientes. Las voces que se oyen en las asambleas no perdieron fuerza. El Gobierno dijo que el tema salarial es cosa juzgada. Pero la historia da cuenta de que ya antes afirmó tal cosa, y que debió desdecirse.










