Los olvidos del PE ayudan a demorar leyes

Desde el Poder Ejecutivo muchas veces no se le asigna un número y sólo por eso se posterga la puesta en vigencia.

INCUMPLIMIENTO. Las disposiciones legales determinan que sin un número las normas no se aplican.
INCUMPLIMIENTO. Las disposiciones legales determinan que sin un número las normas no se aplican.
Por Redacción Política 16 Junio 2003
Tucumán puede considerarse la cuna de un revolucionario invento, destinado a impedir la aplicación de las leyes sin por ello incurrir, técnicamente, en un entuerto. Se trata, nada menos, que de la sutil omisión del número de las normas sancionadas.
La cuestión, además, no afecta a disposiciones menores, sino que atenta contra algunas que están vinculadas directamente a áreas como la producción.
Este es el caso puntual, por ejemplo, de un proyecto sancionado en 1993 por la Legislatura, que declara de interés provincial la actividad porcina y caprina en la provincia.
El texto no fue vetado y la norma, tras los 10 días hábiles de girada al Poder Ejecutivo, quedó automáticamente promulgada. Pero el PE jamás le asignó un número y, en consecuencia, tampoco la publicó en el Boletín Oficial, con lo cual se da el curioso -cuando no paradójico caso- de que se cuenta con una ley aprobada y vigente pero sin aplicación.

"Hechos anormales"
"Estos son hechos anormales que no están previstos en la Constitución provincial. La Carta Magna fija cuándo una ley es ley, pero no estipula que haya que numerarla, dado que esto se sobreentiende", reclamó el parlamentario peronista Julio César Díaz Lozano, autor de aquella propuesta.
"El gobernador Ramón Bautista Ortega hizo una práctica de esta anomalía. Cuando se promulgaba una ley que no le agradaba, ante la imposibilidad de vetarla demoraba su numeración", recordó.
Pero el legislador justicialista advierte que durante la gobernación de Julio Antonio Miranda también se practicó ese incumplimiento. "En mayo de 2001, para el caso, le dieron número a la ley modificatoria del régimen de promoción turística, que estuvo un año esperando", recordó.
A finales de la gestión de Ortega, por iniciativa del entonces legislador Sergio Díaz Ricci (actual vocal del Tribunal de Cuentas), la Cámara dispuso que el Registro de Leyes pasara al Poder Legislativo para evitar estas omisiones.
"Pero en la gestión de (Antonio) Bussi, se derogó esta disposición y el Registro volvió a Casa de Gobierno -recordó oportunamente el secretario de la Cámara, Silvio Manservigi-. Se adujo que esto debía ser así porque, si bien la Legislatura hace las leyes, es el Ejecutivo el que las aplica".

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