La necesidad de garantizar que sus votos no se pierdan y que no pasen a engrosar el caudal de otro sublema por picardías ajenas llevó a los candidatos a legisladores y a concejales a tratar de comprar los poderes de los fiscales de los partidos chicos.
Si bien esto ya ocurrió en 1999, hoy cobró más trascendencia por la preocupación de los sublemas que no cuentan con la simpatía de la dirigencia que conduce el lema que integran.
"Algunos sublemas de partidos grandes tratan de comprarnos los poderes de los fiscales para poder ejercer un mayor control sobre sus propios votos", denunció a LA GACETA el candidato a gobernador por el Partido Humanista (PH), Raúl Gil Romero. "Por eso insistimos en que este sistema es mentiroso y que no facilita la participación", agregó.
Para entender esta compraventa de poderes hay que remitirse a la Junta Electoral Provincial, que dispuso que cada lema disponga de dos fiscales por mesa y que cada sublema tenga sólo un fiscal general por escuela. La medida se adoptó para evitar la presencia de una multitud de apoderados en cada mesa.
Cuestión de números
Pero la posibilidad de que los fiscales del lema se preocupen sólo en cuidar sus votos y se desentiendan de los de los sublemas puso en alerta a los candidatos secundarios. Por ejemplo, el lema de un frente político que se presente en la capital tendrá 1.600 fiscales, mientras que los sublemas contarán con uno por escuela, o sea, menos de 100.
Esta situación obligó a los candidatos a legisladores y a concejales a mirar a los partidos denominados chicos (Humanista, Izquierda Unida, Partido Obrero), ya que pueden tener más de 1.600 fiscales, para proponerles la compra de los poderes.
Si bien no se mencionaron precios, trascendió que un certificado puede venderse en $ 50 en este nuevo "mercado" electoral. Algunos lemas anticiparon que a sus fiscales les pagarán $ 20.
Gil Romero recordó que en el 99 distribuyeron sus poderes entre algunos sublemas de partidos grandes. "Pero varios los vendieron -denunció-. Fue un negocio para algunos". Sin embargo, el dirigente mencionó que para esta elección hicieron un pacto con Izquierda Unida para fiscalizar en forma conjunta y no prestar ni vender sus fiscales. "Los nuestros trabajarán ad honorem", destacó.
Si bien esto ya ocurrió en 1999, hoy cobró más trascendencia por la preocupación de los sublemas que no cuentan con la simpatía de la dirigencia que conduce el lema que integran.
"Algunos sublemas de partidos grandes tratan de comprarnos los poderes de los fiscales para poder ejercer un mayor control sobre sus propios votos", denunció a LA GACETA el candidato a gobernador por el Partido Humanista (PH), Raúl Gil Romero. "Por eso insistimos en que este sistema es mentiroso y que no facilita la participación", agregó.
Para entender esta compraventa de poderes hay que remitirse a la Junta Electoral Provincial, que dispuso que cada lema disponga de dos fiscales por mesa y que cada sublema tenga sólo un fiscal general por escuela. La medida se adoptó para evitar la presencia de una multitud de apoderados en cada mesa.
Cuestión de números
Pero la posibilidad de que los fiscales del lema se preocupen sólo en cuidar sus votos y se desentiendan de los de los sublemas puso en alerta a los candidatos secundarios. Por ejemplo, el lema de un frente político que se presente en la capital tendrá 1.600 fiscales, mientras que los sublemas contarán con uno por escuela, o sea, menos de 100.
Esta situación obligó a los candidatos a legisladores y a concejales a mirar a los partidos denominados chicos (Humanista, Izquierda Unida, Partido Obrero), ya que pueden tener más de 1.600 fiscales, para proponerles la compra de los poderes.
Si bien no se mencionaron precios, trascendió que un certificado puede venderse en $ 50 en este nuevo "mercado" electoral. Algunos lemas anticiparon que a sus fiscales les pagarán $ 20.
Gil Romero recordó que en el 99 distribuyeron sus poderes entre algunos sublemas de partidos grandes. "Pero varios los vendieron -denunció-. Fue un negocio para algunos". Sin embargo, el dirigente mencionó que para esta elección hicieron un pacto con Izquierda Unida para fiscalizar en forma conjunta y no prestar ni vender sus fiscales. "Los nuestros trabajarán ad honorem", destacó.







