Retenciones, un asunto que debe rediscutirse

Argumentar, discutir y consensuar. Lo que debería ser el ejercicio habitual de la política se ha transformado en una excepción: la regla es imponer el número en las bancas parlamentarias o el hecho consumado mediante decretos.

El caso de los derechos de exportación de soja es un ejemplo (por responsabilidad del oficialismo y también de la oposición), de la consecuente parálisis actual, que niega todo debate. Ya es hora de analizar este sistema de índole tributaria, política y económico-productiva desde varias perspectivas, con el objetivo de encontrar herramientas superadoras, ya que lo exigen la salud económica e institucional de la Argentina y la sustentabilidad productiva de mediano y largo plazo.

Desde el punto de vista fiscal, las retenciones aportaron al Estado en 2010 casi U$S 7.700 millones. Pero un análisis más profundo muestra que este sistema genera, por un lado, cuantiosas transferencias de recursos que favorecen a la zona productiva núcleo a costa de las marginales y de economías regionales (entre estas últimas, el NOA); y por otro, importantes sumas de dinero que dejan de generarse y dinamizar la economía por la improductiva asignación de recursos, fruto del diseño del propio sistema tributario que lleva a distorsiones de precios.

Estos dos ítems (subsidios indirectos y pérdida de eficiencia económica) son superiores a lo que el Estado nacional recauda por vía de las retenciones a las exportaciones.

Interrogantes

Algunos se podrán preguntar: ¿qué tiene esto de malo? En primer lugar, las retenciones son distorsivas, porque operan sobre el precio del bien exportable, quebrando un indicador clave para la toma de decisiones empresariales. En segundo lugar, son regresivas, porque se calculan sobre facturación y no sobre ganancias, con lo cual perjudican con fuerza a los productores chicos. En tercer lugar, se basan en la discrecionalidad del Estado y añaden trabas burocráticas, permitiendo que aparezcan nichos de corrupción. Pero quizás lo más importante sea que las retenciones demostraron no ayudar a mantener bajo el precio de los alimentos, ni a proteger la mesa de los argentinos, ni a evitar la llamada sojización del campo. ¿En qué son efectivas entonces? Claramente, en que engordan -y mucho- la caja fiscal. Éste es, sin dudas, el único objetivo.

Con el crecimiento del PBI experimentado en los últimos tiempos, sería irresponsable quitar al Estado una imprescindible fuente de financiación. Pero es necesario comenzar a desmantelar este esquema de recaudación sustentado -con los riesgos que implica- sólo en las buenas noticias que llegan desde los mercados internacionales donde cotizan los commodities. Bajar las retenciones y, paralelamente, establecer por ley una alícuota diferencial de impuesto a las Ganancias para la soja, sería un camino. Promover otras actividades agrícolas y ganaderas, transparentando sus mercados e implementando políticas que favorezcan las inversiones, sería otra alternativa (no excluyente). Como estas, muchas medidas superadoras podrían implementarse -previa discusión intersectorial- para lograr un equilibrio de intereses: mantener la recaudación fiscal, disminuir las ineficiencias económicas, proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y apuntalar la actividad agroindustrial, una de las pocas en las cuales la Argentina es líder internacional por su competitividad.

En beneficio de todos, es imprescindible que en un año electoral los partidos políticos presenten sus propuestas, para que se debata esta temática con rigor analítico, espíritu constructivo y voluntad política.