Es generalizado el rechazo ruralista a la idea del Gobierno de controlar "in situ" la cosecha de soja
En los tres años que pasaron desde que el campo argentino se levantó contra el Gobierno en rechazo a la resolución 125, que establecía retenciones móviles a la soja, las relaciones entre ambos sectores no mejoraron. Desde el mundo agropecuario se quejan porque el Estado no atiende reclamos y por el exceso de presión fiscal y de trámites burocráticos que se le exige
03 Abril 2011 Seguir en 
El 11 de marzo de 2008, hace poco más de tres años, el Gobierno de Cristina Fernández, anunciaba la implementación de retenciones móviles a la soja, a través de la polémica resolución 125. La medida vino a colmar la paciencia del sector ruralista argentino, y provocó una asonada que duró cuatro meses, hasta julio de 2008, y generó una ruptura en la relación Gobierno-campo y un elevado costo político a la administración kirchnerista. Hoy, el vínculo continúa resquebrajado y el agro sigue disconforme con la política oficial. Desde el campo se afirma que el diálogo con el Gobierno es nulo.
El último episodio en la disputa entre ambos sectores se produjo a mediados del mes pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamó por carta a productores que informen día y hora en que cosecharán soja, bajo la amenaza de excluirlos del registro fiscal de operadores de granos. La AFIP los intima a que, con una antelación no menor a 48 horas, informen en forma fehaciente la fecha y hora en que se realizará la cosecha de la superficie sembrada. El organismo también pide que detallen la duración aproximada de la recolección, indicando día de inicio y finalización. La AFIP solicita, además, la cantidad de hectáreas sembradas, datos de localización de cada predio y hasta el "número de teléfono de contacto y datos identificatorios de la persona responsable de la firma encargada de la cosecha".
Productores y dirigentes cuestionaron la medida y la calificaron de excesiva, porque ya se realizan otros controles, y difícil de implementar, porque si bien el organismo solicita esos datos con 48 horas de antelación a la cosecha, la recolección está sujeta a diversas variables climáticas, de estado biológico de las plantas del cultivo y disponibilidad de maquinaria, que no resultan sencillas de establecer con precisión.
El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Manuel Avellaneda, comentó que la novedad sobre los controles de cosecha provocó hastío entre los productores de nuestra provincia. "En general, se lo tomó como un nuevo acto de persecución del Gobierno. Sin embargo, no tenemos detalles sobre la forma en que se aplicarían estos controles, porque no se emitieron directivas oficiales al respecto", señaló el dirigente. El diputado nacional tucumano Juan Casañas, del Acuerdo Cívico y Social, reveló que no hubo en Tucumán notificaciones para que algún productor informe día y hora en que llevará a cabo la cosecha de su soja.
"Lo curioso -reflexionó Avellaneda-, es que para iniciar la cosecha hay que pedir una carta de porte a la AFIP, de manera que si este organismo quisiera saber detalles del proceso, con las cartas de porte tiene un instrumento válido. Luego, realizan controles satelitales y en rutas y en puertos. Además, tienen registro de productores y otros elementos para verificar, de manera que no se ve la necesidad de instrumentar otra medida, y encima tan engorrosa como los inspectores durante las cosechas".
El titular de la SRT planteó la duda sobre si la disposición oficial realmente es un acto de persecución del Gobierno al campo. "No podemos vivir siendo los perseguidos de siempre. Más bien creo que en realidad el Gobierno no tiene idea de cómo funciona el campo, simplemente", sentenció Avellaneda. Con esta visión coincidió el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi: "son unos burócratas incorregibles que nunca miraron una tormenta desde otro lado que no sea la costa cuando se van de vacaciones". Javier Jayo Ordoqui, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también juzgó que se trata de una norma complicada para el productor, porque "nunca los tiempos biológicos coinciden con los de un escritorio".
Casañas, por su parte, calificó de "ilógica" la nueva pretensión del Gobierno, ya que en la mayoría de los casos no se puede saber con mucha exactitud cuándo se comenzará a trillar la soja. "Hay decenas de factores que pueden hacer cambiar los planes, como por ejemplo que no arranque la maquinaria. Aumenta la burocracia y la ineptitud del Estado para tratar con un sector importante de la economía, como es el campo", reseñó el parlamentario tucumano.
Reconoció, sin embargo, que en el sector ruralista puede haber casos de evasión fiscal que el Gobierno busca controlar. "En el sector y en muchos otros sectores existe la evasión, pero deberían eficientizar otros puntos, porque esta opción es ridícula y no tiene ningún tipo de asidero técnico-práctico", añadió.
Sin soluciones
Casañas aseguró que tras el conflicto que el agro mantuvo con el Gobierno en 2008 nunca se establecieron canales de diálogo que favorecieran la resolución de los problemas del sector ruralista. "Lo he manifestado siempre, que Julián Domínguez (ministro de Agricultura de la Nación) es un gran conversador con campo, pero nunca brinda ningún tipo de soluciones a los planteos que se le formulan".
"Por ahí consigo algún subsidio para pequeños productores, pero nunca hay respuestas para los problemas de fondo que el campo le plantea a Domínguez", resaltó Casañas. Avellaneda sostuvo que los productores tienen cada vez mayores obligaciones fiscales. "Hay malestar en parte porque va acumulando la sumatoria de requisitos. Esto se añade a que la Provincia ha ampliado la cantidad de perceptores del impuesto a los Ingresos Brutos, a partir de la designación de productores chicos para que se ocupen de retener este gravamen. Entonces, producir hoy en día representa un cúmulo de dificultades, todas originadas desde el Estado", precisó el titular de la SRT.
El último episodio en la disputa entre ambos sectores se produjo a mediados del mes pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamó por carta a productores que informen día y hora en que cosecharán soja, bajo la amenaza de excluirlos del registro fiscal de operadores de granos. La AFIP los intima a que, con una antelación no menor a 48 horas, informen en forma fehaciente la fecha y hora en que se realizará la cosecha de la superficie sembrada. El organismo también pide que detallen la duración aproximada de la recolección, indicando día de inicio y finalización. La AFIP solicita, además, la cantidad de hectáreas sembradas, datos de localización de cada predio y hasta el "número de teléfono de contacto y datos identificatorios de la persona responsable de la firma encargada de la cosecha".
Productores y dirigentes cuestionaron la medida y la calificaron de excesiva, porque ya se realizan otros controles, y difícil de implementar, porque si bien el organismo solicita esos datos con 48 horas de antelación a la cosecha, la recolección está sujeta a diversas variables climáticas, de estado biológico de las plantas del cultivo y disponibilidad de maquinaria, que no resultan sencillas de establecer con precisión.
El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Manuel Avellaneda, comentó que la novedad sobre los controles de cosecha provocó hastío entre los productores de nuestra provincia. "En general, se lo tomó como un nuevo acto de persecución del Gobierno. Sin embargo, no tenemos detalles sobre la forma en que se aplicarían estos controles, porque no se emitieron directivas oficiales al respecto", señaló el dirigente. El diputado nacional tucumano Juan Casañas, del Acuerdo Cívico y Social, reveló que no hubo en Tucumán notificaciones para que algún productor informe día y hora en que llevará a cabo la cosecha de su soja.
"Lo curioso -reflexionó Avellaneda-, es que para iniciar la cosecha hay que pedir una carta de porte a la AFIP, de manera que si este organismo quisiera saber detalles del proceso, con las cartas de porte tiene un instrumento válido. Luego, realizan controles satelitales y en rutas y en puertos. Además, tienen registro de productores y otros elementos para verificar, de manera que no se ve la necesidad de instrumentar otra medida, y encima tan engorrosa como los inspectores durante las cosechas".
El titular de la SRT planteó la duda sobre si la disposición oficial realmente es un acto de persecución del Gobierno al campo. "No podemos vivir siendo los perseguidos de siempre. Más bien creo que en realidad el Gobierno no tiene idea de cómo funciona el campo, simplemente", sentenció Avellaneda. Con esta visión coincidió el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi: "son unos burócratas incorregibles que nunca miraron una tormenta desde otro lado que no sea la costa cuando se van de vacaciones". Javier Jayo Ordoqui, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también juzgó que se trata de una norma complicada para el productor, porque "nunca los tiempos biológicos coinciden con los de un escritorio".
Casañas, por su parte, calificó de "ilógica" la nueva pretensión del Gobierno, ya que en la mayoría de los casos no se puede saber con mucha exactitud cuándo se comenzará a trillar la soja. "Hay decenas de factores que pueden hacer cambiar los planes, como por ejemplo que no arranque la maquinaria. Aumenta la burocracia y la ineptitud del Estado para tratar con un sector importante de la economía, como es el campo", reseñó el parlamentario tucumano.
Reconoció, sin embargo, que en el sector ruralista puede haber casos de evasión fiscal que el Gobierno busca controlar. "En el sector y en muchos otros sectores existe la evasión, pero deberían eficientizar otros puntos, porque esta opción es ridícula y no tiene ningún tipo de asidero técnico-práctico", añadió.
Sin soluciones
Casañas aseguró que tras el conflicto que el agro mantuvo con el Gobierno en 2008 nunca se establecieron canales de diálogo que favorecieran la resolución de los problemas del sector ruralista. "Lo he manifestado siempre, que Julián Domínguez (ministro de Agricultura de la Nación) es un gran conversador con campo, pero nunca brinda ningún tipo de soluciones a los planteos que se le formulan".
"Por ahí consigo algún subsidio para pequeños productores, pero nunca hay respuestas para los problemas de fondo que el campo le plantea a Domínguez", resaltó Casañas. Avellaneda sostuvo que los productores tienen cada vez mayores obligaciones fiscales. "Hay malestar en parte porque va acumulando la sumatoria de requisitos. Esto se añade a que la Provincia ha ampliado la cantidad de perceptores del impuesto a los Ingresos Brutos, a partir de la designación de productores chicos para que se ocupen de retener este gravamen. Entonces, producir hoy en día representa un cúmulo de dificultades, todas originadas desde el Estado", precisó el titular de la SRT.
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