Razonables inquietudes sobre la presión fiscal

Técnicamente, la presión fiscal es la capacidad impositiva del sector privado (los contribuyentes) para transferir fondos al Estado, a través del pago de tributos. De acuerdo con ese indicador, los actores económicos toman las decisiones de invertir o no en un territorio determinado. Desde hace más de una década, distintas consultoras privadas y centros de estudios económicos ubican a Tucumán entre las provincias que lideran el ranking nacional de presión tributaria.

Y los diagnósticos están relacionados con el peso que ejerce el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los sectores productivos, industriales y comerciales de la provincia.

El Poder Ejecutivo de Tucumán -desde fines del año pasado- viene sosteniendo que no hay razones para disminuir la carga tributaria, mucho menos para elevar las alícuotas de Ingresos Brutos. Así se lo hizo saber, el mes pasado, el gobernador José Alperovich a la cúpula de la Federación Económica de Tucumán (FET), que también le planteó la lucha desigual contra las ferias que no contribuyen al fisco por sus operaciones.

Ahora, la Dirección General de Rentas intenta demostrar -con un análisis comparativo sobre las tasas que se aplican en otros distritos- que la presión fiscal no es tan elevada en Tucumán, como sostiene el sector privado. El argumento oficial se sustenta en los beneficios que concede, año tras año, a sectores con fuerte captación de mano de obra, como el citrus, y con alícuotas diferenciales para la actividad cañera. Sin embargo, las alícuotas en los servicios financieros figuran entre las más elevadas de la Argentina, al nivel de los grandes distritos como Buenos Aires, la Capital Federal o Córdoba.

Los empresarios -insistentemente- vienen reclamando al Gobierno una baja de la carga impositiva, con el fin de que el sector privado tucumano no pierda competitividad respecto de las empresas radicadas en otras provincias. El argumento, en este sentido, suele ser que -al incrementarse el nivel de ingresos mensuales- se amplió la base tributaria, de tal manera que hay más aportantes al fisco. Aún más, en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán se reciben constantemente quejas de que en la comercialización de ciertos productos, las ventas han disminuido sensiblemente por el avance de Rentas sobre los contribuyentes considerados por el organismo como de extraña jurisdicción. En otros términos, los clientes que venían de provincias vecinas prefieren adquirir la mercadería en otro mercado, con menos carga impositiva.

En ese mismo ámbito, el de los contadores, se ha denunciado también que el contribuyente no cuenta con la posibilidad de acudir a un tribunal especializado e independiente, como sería el Tribunal Fiscal de Tucumán, hoy ejercido por el Ministerio de Economía de la provincia.

Según un estudio de la Fundación del Tucumán un agravante a la elevada presión fiscal es la asimetría que se genera en la relación contribuyente- fisco provincial. En este sentido el contribuyente está legalmente obligado a cumplir con sus obligaciones fiscales, pero desde el Estado provincial la información relacionada con el destino del gasto público es deficiente. De allí que los empresarios y los profesionales en Ciencias Económicas reclaman a la Provincia que, si la política es mantener la carga tributaria en los niveles actuales, la contraprestación, al menos, debería ser un informe detallado respecto del destino de los fondos que se recaudan por el pago de impuestos provinciales.

Una elevada carga fiscal atenta contra el crecimiento económico. Los tributaristas definen que la presión fiscal deber ser un reflejo del gasto público y, hasta en cierta medida, del nivel de los servicios sociales (salud, educación, obras públicas, entre otros) de los que deberían disfrutar todos los ciudadanos.