El intendente Antonio Alvarez parece vivir en otro mundo. Aparece de vez en cuando para inaugurar alguna obra (como la colocación de 70 lámparas del alumbrado público en el barrio 360 viviendas, el miércoles), o incluso encuentra tiempo para discurrir sobre su candidatura a legislador. Pero, mientras tanto, la calidad de vida de la ciudad se deteriora a pasos agigantados, a tal punto que ya no se puede circular por las calles llenas de baches, ni hacer gestiones en la Municipalidad, ni caminar por las peatonales ocupadas por los ambulantes. Cuando se trata de ver qué ocurre con estos problemas, nadie sabe dónde está. Los empleados en huelga fueron a hacerle escraches en su domicilio y no lo encontraron. Los concejales quisieron llevarlo a hablar de los problemas, pero él logró zafar fácilmente: pidió más tiempo para reunir documentación. Y nadie pudo hacer nada.
¿Qué va a pasar con Alvarez? El legislador Gumersindo Parajón quiere que lo intervengan, pero el Gobierno provincial no va a hacer nada, al menos hasta las elecciones del 29. Implicaría hacerse cargo de los problemas salariales y de funcionamiento de una administración desquiciada. Bastante sangría significa para la administración de Julio Miranda entregarle al intendente $ 2,1 millones por mes, que al final no le alcanzan para apagar el fuego que insume más de 7 millones de pesos cada 30 días, entre deudas, funcionamiento, pago de servicios y sueldos.
La sola mención del déficit (heredado, por otra parte, de las gestiones anteriores y, sobre todo, de la de Raúl Topa, que renunció asediado por su propio desgobierno) bastaría para entender los problemas que afronta Alvarez en una administración que ya lleva varios años a los barquinazos. Precisamente por eso es que cuando asumió se pensó que si aplicaba un criterio racional y bajaba el gasto en varias áreas podría hacer frente a la tormenta.
Para eso había que arremangarse y trabajar profundamente para levantar, primero, el principio de autoridad ante un gremio dividido y acostumbrado a presionar a la autoridad de turno, y ante una planta funcional que -según se dice, porque no hay una estadística sincera- tiene más personal administrativo que operativo. También tenía que poner orden en un organismo que no da respuestas a la gente (todos los expedientes están parados y atrasados), resolver los conflictos de los servicios públicos anárquicos (como el de los remises) y caros (basura y grúas), y solucionar la falta de respeto de los usuarios por las normas de convivencia.
Pero la estrategia fue equivocada: quiso conformar a todos los sectores, le dio más poder a un sector de los gremialistas, se dice que recategorizó (a unas 600 personas) e hizo nombramientos (unas 500 personas), permitió que los remiseros hagan lo que quieran y trató de conformar a los empresarios de ómnibus. No sancionó a nadie. Ni a los empleados en falta o con sumarios, ni a las empresas que trabajan fuera de las normas. Tampoco sancionó a la empresa recolectora de residuos y, siguiendo la política inaugurada por Topa, anunció muchas veces la rescisión del contrato de la basura y nada ocurrió. Sólo rescindió el convenio de las grúas (un mes antes de que expire) y transformó dos cuadras de la calle Maipú en peatonal, para que los ambulantes se hagan una fiesta.
Después, a medida que el conflicto lo fue envolviendo, sometió a la ciudad a un letargo que lleva 40 días. Es cierto que se escucha el ruido de las protestas, pero las verdaderas tareas de la administración parecen afectadas por el demonio Belfegor, el de la pereza. Aunque paguen parcialmente los sueldos, nada se mueve. En "El viaje de los siete demonios", Mujica Láinez dice que Belfegor es capaz de hacer dormir al mundo hasta detenerlo. Y el municipio, como todo cuerpo detenido, está en vías de sufrir deterioros irreparables.
