Convocatoria a la buena voluntad

Cuarenta y ocho horas después de que el presidente Néstor Kirchner escuchó en audiencia sus reclamos, las organizaciones de piqueteros más contestatarias confluyeron nuevamente ante la sede del Gobierno nacional para exigir la satisfacción de aquellos. En esa oportunidad, el primer magistrado solicitó a sus visitantes un plazo prudencial para el análisis de las demandas, así como la suspensión de sus protestas durante el transcurso de ese lapso. La respuesta fue congestionar una vez más el tránsito porteño, con lo cual se desconoció el derecho de una gran mayoría de ciudadanos a concurrir a sus ocupaciones. Desde que asumió su cargo hace dos semanas, el jefe del Estado ha recibido a una gran variedad de sectores sociales, sin excluir a los más críticos de la realidad nacional; escuchó los reclamos y prometió su atención. Esa actitud ha sido sin duda una adecuada respuesta inmediata a las preocupaciones de las diferentes comunidades, incluidos otros sectores de piqueteros predispuestos al diálogo.
El cambio de gobierno en el sistema democrático no sólo requiere el acompañamiento de la sociedad, sino la apertura de un período de tregua política donde la tolerancia es un principio ineludible. Así lo ha entendido una gran mayoría ciudadana que, al término del proceso electoral cargado de incertidumbre y con un desenlace que restó apoyo en las urnas, está dando testimonios múltiples de confianza y acompañamiento a la mayoría de los actos del Gobierno. Las circunstancias del país, saldo de una crisis múltiple con muy escasos precedentes, acumulan algunos problemas con soluciones tan complejas que no sólo requieren inteligencia y decisión, sino un tiempo imprescindible de ejecución. No parecen haberlo entendido así los dirigentes de esas organizaciones intransigentes, a juzgar por las consignas con que acaban de responder a la exhortación del Presidente. Algunas de ellas traducen una intolerancia que reniega del diálogo y de la colaboración constructiva, a pesar de no representar a sectores ponderables de la ciudadanía, como quedó demostrado en las urnas frente a sus consignas de "voto bronca", contrariadas por los comicios del 27 de abril.
Qué duda cabe de que hay fundamentos en las demandas de trabajo genuino y la extensión de los planes de empleo, así como otras urgencias por rescatar de la pobreza a quienes han sido las víctimas más sufrientes de la crisis. Pero esos requerimientos pierden racionalidad cuando, como en estos casos, las consignas que los acompañan retoman viejos y temerarios eslóganes de un ominoso pasado, entre los que "patria o muerte" y otras destempladas amenazas al pensamiento ajeno proponen nuevos holocaustos. Nada tan diferente del rumbo elegido por la sociedad argentina al despreciar las seducciones de la violencia que acompañaron a la crisis, para optar por el rescate de la libertad, la solidaridad y el diálogo como estilo de vida, haciendo de la propia experiencia su guía hacia el futuro.
Ese es el ámbito en el que los problemas más graves deben hallar soluciones justas y equitativas, y el derecho a peticionar puede ejercerse, inclusive, por afuera de los cauces institucionales formales, cuando estos se obturan por desidia o incapacidad de los representantes. No se trata, por cierto, de la fractura caótica del sistema democrático pluralista, sino del ejercicio responsable del derecho a participar organizadamente; no sólo cuando se agreden intereses sectoriales o de grupo, sino también cuando el bien común de las grandes comunidades ciudadanas es afectado.
Esos reducidos pero tan activos sectores marginales cuyos paradójicos símbolos de identificación son las capuchas, deben advertir que el país es, tras la crisis, una realidad muy diferente dispuesta a incorporarlos con otro gesto de buena voluntad.