Los ciudadanos, rehenes de las protestas

Si bien se encuentra en la naturaleza humana, la actitud de faltarle el respeto al otro pareciera ocupar un espacio privilegiado en el gen argentino. Del mismo modo, para resolver un conflicto social, por lo general, una de las partes -o ambas- toman de rehén al ciudadano común como una manera de presionar para obtener una salida favorable. Estas situaciones sucede en casi todos los órdenes. Por ejemplo, los paros aéreos espontáneos que se han vuelto comunes en la Argentina actual afectan a miles de personas y provocan indignación e impotencia. Como consecuencia de la paralización de actividades, una buena parte de ellas debe pasar la noche durmiendo en el piso y lo que es peor aún pierden otros vuelos o no pueden cumplir con los compromisos planeados.

Con mucha más frecuencia, los manifestantes cortan las rutas provinciales e impiden el paso de las otras personas que nada tienen que ver con el conflicto de turno, generándoles no sólo malestar, frustración, sino también problemas laborales. En lugar de conseguir el apoyo de la ciudadanía, logran el efecto contrario.

Por ejemplo, en estos días, los prestadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que vienen reclamando un aumento en los honorarios de las prácticas médicas, anticiparon que si en 15 días no se obtiene respuesta positiva, durante un día sólo se atenderán urgencias y de persistir la situación, la semana siguiente la medida de fuerza se prolongará 48 horas, y así sucesivamente. En la asamblea efectuada la semana pasada en la Capital Federal, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina que congregó al 95% de los prestadores de todo el país, declaró la emergencia nacional del sector y dispuso medidas de fuerza hasta lograr el aumento pretendido.

Naturalmente, si se concreta el plan de lucha los perjudicados no serán el PAMI ni su autoridades, sino los pobres jubilados, a los cuales se les ha negado recientemente el 82% móvil y deben peregrinar como parias por los sanatorios para que los atiendan porque tienen problemas en las clínicas que trabajan con el organismo nacional. De manera que no pueden elegir libremente a los prestadores ni a sus médicos de cabecera y en consecuencia, son rehenes del sistema. Es de esperar que el diálogo y el acuerdo se produzcan antes de que el agua llegue al río por la salud de los 5,9 millones de jubilados.

Esta descortesía con el prójimo se percibe cotidianamente en las exasperantes esperas y colas en las reparticiones del Estado, en los bancos. Por ejemplo, para poder sacarse radiografías en la Asistencia Pública por exigencias laborales, sólo se otorgan quince números diarios a partir de la 8. No hace falta pensar demasiado en los problemas que le ocasiona este sistema a la ciudadanía, y en consecuencia, no se toman medidas para mejorar y pensar en el beneficio de la persona que pagando sus tributos, sustenta los salarios de los organismos estatales y de los funcionarios públicos.

A nadie parece importarle el tiempo del otro y tampoco si le ocasiona algún tipo de perjuicio. Nadie se hace cargo, por ejemplo, si un ciudadano pierde un vuelo al exterior por un paro gremial en el sector aeronáutico.

El hecho de tomar rehenes que no tienen que ver en el conflicto para lograr una medida favorable, está reflejando, por un lado, una falta de capacidad para dialogar y arribar a acuerdos sin dañar a terceros. Se trata de una cuestión de educación. El respeto por el prójimo debería aprenderse primeramente en el hogar y luego en la escuela. Es uno de los preceptos esenciales de las relaciones humanas. El día que aprendamos a respetarnos estaremos dando un paso importante hacia la madurez y el progreso de nuestra sociedad.