El eterno problemade la venta callejera

Se aplica a las enfermedades de larga duración o habituales. Que viene de tiempo atrás. Son dos de los significados de la palabra crónico que pareciera ocupar un lugar privilegiado en nuestra idiosincrasia. Como la piedra que con esfuerzo subía Sísifo hasta la cima de la montaña y una vez llegado a ese punto se le caía y él volvía a recomenzar el ascenso, como un programa de la televisión por cable que se repite con frecuencia, todos los años, dos o tres veces los dirigentes de la Federación Económica de Tucumán (FET) se quejan ante los gobiernos municipal y provincial por la venta ambulante, una competencia ilegal que afecta a los contribuyentes.

La central empresaria invitó a una reunión a las autoridades municipales, del Ministerio de Seguridad Ciudadana, de la Administración de Aduanas de Tucumán, de las Policías Provincial y Federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Regional Tucumán, para buscar soluciones. Curiosamente, los funcionarios que representan a la seguridad y a la fuerza pública no asistieron, excepto un representante de la Policía Federal que llegó cuando el encuentro había concluido. Hubo promesas de que las reuniones se repetirán.

Estas quejas razonables de comerciantes que pagan sus tributos y reciben con frecuencia inspectores de organismos de control impositivo, se renuevan en fechas como los días de la Madre, del Padre, del Niño y en las Fiestas de fin de año. La Municipalidad se defiende argumentando que se realizan constantemente operativos. Sin embargo, en el microcentro, en las narices de los guardianes de la ley, se venden desde cds y dvds truchos hasta anteojos, ojotas, artesanías y ropa.

En reiteradas ocasiones, se anunció que los vendedores callejeros serían reacomodados en locales específicos, pero casi todos los intentos quedaron a medio camino. En 2006, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso de amparo presentado por la FET y ordenó al municipio desalojar a los ambulantes del centro. La entidad de los comerciantes había iniciado un juicio iniciado en diciembre de 2004 a los gobiernos municipal y provincial. En el caso de la capital, la Justicia obligó a las autoridades a concretar la erradicación de la venta informal. El fallo judicial quedó firme el 24 de noviembre de 2006, y en el instrumento la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al municipio que, en un plazo de 30 días haga cumplir las ordenanzas para mantener despejada la vía pública. Pese a que desde entonces se encararon diversos operativos, el municipio nunca logró cumplir con la orden judicial, lo cual no deja de ser grave.

En todos estos años, parece increíble que las fuerzas del orden no hayan averiguado aún quiénes son las personas que manejan el negocio ilegal de ropa o de falsificación de discos y películas. Con operativos municipales que se realizan en el horario de la administración pública poco se puede lograr. Eso es evidente para cualquier ciudadano y lo sabe también la autoridad. Esta actividad ilegal se combate generando trabajo que les permita a los vendedores vivir dignamente, sin depender de unos pocos o muchos poderosos que se enriquecen con este negocio al margen de la ley. ¿Por qué hasta la fecha no se ha podido crear un mercado de pulgas como ocurre en otras ciudades, donde la mayoría de ellos pueda instalarse?

¿Qué sucede entonces? ¿Por qué ningún gobierno se anima a ponerle el cascabel al gato? ¿Tan poderosos son los intereses en juego? Mientras en otras sociedades las leyes se hacen para cumplirlas porque beneficia a la mayoría y es pareja para todos, en Tucumán sucede lo contrario: la norma de una buena parte de la población pareciera ser evadir la ley, más que acatarla. Y si la autoridad no le obedece a la Justicia, qué se le puede exigir a la ciudadanía.