Por Redacción Política
23 Marzo 2011
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Lejos de calmarse, la interna en el Colegio de Abogados de la capital suma cada día un capítulo nuevo. Esta vez, el grupo de letrados que interpuso una acción de amparo para que se declare inconstitucional el pago de una cuota anual y la suspensión de la matrícula en caso de incumplimiento, volvieron a cargar contra la comisión directiva de la institución.
"El informe enviado por el presidente del colegio, Eudoro Aráoz, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, es un reconocimiento al derecho que planteamos", replicaron Gustavo Terán Molina, José Marcelo Rearte, Gabriela Mirabella y Manuel Miguel Gutiérrez.
Tal como publicó ayer LA GACETA, el titular del colegio precisó en su informe que la anualidad de 2011 fue fijada por el consejo directivo el 9 de febrero. "$ 240, para los abogados que tuvieran hasta tres años de ejercicio de la profesión; $ 460 (para los que tengan entre tres y siete años), y en $ 660, para los que excedieran los siete", explicó. Además, planteó ante la Justicia que los amparistas ya vienen pagando anualmente la matrícula. "Se han sujetado así, voluntariamente y sin reservas durante al menos cuatro años, al régimen jurídico que recién ahora reputan lesivo", insistió Aráoz.
Los demandantes, en cambio, criticaron la respuesta institucional. "Lo que es más grave es que abrieron la vía para que los colegiados puedan accionar por enriquecimiento ilícito contra las autoridades del colegio. Las acciones no están prescriptas, ya que año a año vuelven a cobrar lo ilegítimo y lo ilegal", retrucaron en un documento.
Los amparistas aclararon que no cuestionaron la cuota anual. Por el contrario, explicaron que el cobro de la matrícula es arbitrario y violatorio de la ley. "Lo que se debe cobrar es una cuota anual, conforme a los gastos que se estiman para el año, ya que el pago es anticipado. Por lo tanto, planteamos que se debe comunicar a los asociados cómo se conforma esa cuota, o en su defecto llamar a una asamblea para discutir los gastos. La matrícula se establece para jurar y ejercer la profesión; y la cuota anual para poder enfrentar los gastos del próximo año. Allí surge lo arbitrario", reforzaron los amparistas.
"El informe enviado por el presidente del colegio, Eudoro Aráoz, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, es un reconocimiento al derecho que planteamos", replicaron Gustavo Terán Molina, José Marcelo Rearte, Gabriela Mirabella y Manuel Miguel Gutiérrez.
Tal como publicó ayer LA GACETA, el titular del colegio precisó en su informe que la anualidad de 2011 fue fijada por el consejo directivo el 9 de febrero. "$ 240, para los abogados que tuvieran hasta tres años de ejercicio de la profesión; $ 460 (para los que tengan entre tres y siete años), y en $ 660, para los que excedieran los siete", explicó. Además, planteó ante la Justicia que los amparistas ya vienen pagando anualmente la matrícula. "Se han sujetado así, voluntariamente y sin reservas durante al menos cuatro años, al régimen jurídico que recién ahora reputan lesivo", insistió Aráoz.
Los demandantes, en cambio, criticaron la respuesta institucional. "Lo que es más grave es que abrieron la vía para que los colegiados puedan accionar por enriquecimiento ilícito contra las autoridades del colegio. Las acciones no están prescriptas, ya que año a año vuelven a cobrar lo ilegítimo y lo ilegal", retrucaron en un documento.
Los amparistas aclararon que no cuestionaron la cuota anual. Por el contrario, explicaron que el cobro de la matrícula es arbitrario y violatorio de la ley. "Lo que se debe cobrar es una cuota anual, conforme a los gastos que se estiman para el año, ya que el pago es anticipado. Por lo tanto, planteamos que se debe comunicar a los asociados cómo se conforma esa cuota, o en su defecto llamar a una asamblea para discutir los gastos. La matrícula se establece para jurar y ejercer la profesión; y la cuota anual para poder enfrentar los gastos del próximo año. Allí surge lo arbitrario", reforzaron los amparistas.
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